Prevenir para no tener que reconstruir

“La prevención requiere capacidades técnicas, recursos y continuidad institucional. Las municipalidades tienen un papel fundamental por su cercanía al territorio, pero son muchas y heterogéneas”.
Ilustración: El Comercio

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Cada vez que llega El Niño, el país reconstruye lo que pudo proteger antes. Esta vez conviene preguntarnos qué hemos aprendido de las emergencias anteriores y qué sistemas de prevención hemos institucionalizado: cómo se toman las decisiones, cómo se ejecutan las obras y qué apoyo necesitan quienes deben hacerlas realidad.

Hay resultados que reconocer. En la cartera de obras vinculadas a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el gasto anual llegó a S/ 5.228 millones en el 2024. También resultó acertado incorporar el mecanismo de gobierno a gobierno (GaG) para implementar proyectos integrales de gran envergadura. Algunas defensas y sistemas de protección avanzaron, pero otros proyectos, como los sistemas de drenaje pluvial y el manejo integral de algunas cuencas, quedaron rezagados.

Una revisión del gasto público clasificado en el grupo funcional (0035) de prevención de desastres, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas hasta setiembre del 2026, da cuenta de que más de la mitad de las inversiones analizadas aparecen abandonadas (con 18 meses o más sin devengados y menos de 90% de avances financieros) o sin ejecución; otro 6% está paralizado. Los municipios concentran la mayor parte de esos proyectos (1.600), con el 60% de su cartera en esas condiciones. El Banco Mundial, en su último reporte sobre política fiscal del 2025, ya alertaba sobre los problemas de las inversiones abandonadas y el importante peso que tienen los gobiernos subnacionales en su gestión.

La descolmatación de ríos muestra por qué importa distinguir entre gasto de emergencia y prevención sostenida. Según la misma revisión, las actividades de mantenimiento de cauces y drenajes, zonas críticas y cabeceras de cuenca devengaron alrededor de S/ 1.000 millones en el 2017 y 2018 por ejecución del Gobierno Central. Sin embargo, desde el 2019, cuando estas actividades pasaron mayormente a la responsabilidad de los gobiernos locales, el gasto anual se contrajo 84% en promedio, en un contexto de recortes presupuestales.

La prevención requiere capacidades técnicas, recursos y continuidad institucional. Las municipalidades tienen un papel fundamental por su cercanía al territorio, pero son muchas y heterogéneas, y enfrentan limitaciones de equipos profesionales, trámites engorrosos y discontinuidad con cada cambio de gestión. La descentralización acercó las decisiones a los territorios, pero no siempre estuvo acompañada de los recursos, la asistencia técnica y los mecanismos necesarios para sacar adelante las inversiones. El reto es exigir resultados y, al mismo tiempo, construir las condiciones para alcanzarlos.

La experiencia de la reconstrucción nos deja una lección importante: cuando una entidad no logra avanzar una obra prioritaria, el Estado debe contar con un sistema de alerta temprana que le permita destrabarla o asumir su ejecución. Los mecanismos de GaG, Obras por Impuestos y otras modalidades pueden contribuir a ese propósito, siempre que involucren reglas claras, procedimientos ágiles y transparencia. No se trata de sustituir a los gobiernos locales, sino de evitar que una inversión indispensable quede inacabada sin que se generen los activos necesarios para proteger a la población.

También es necesario revisar los incentivos. La respuesta a una emergencia es visible; la prevención, cuando funciona, evita una mala noticia. Healy y Malhotra, investigadores estadounidenses, encontraron que los votantes premiaban el gasto de alivio posterior al desastre, pero no de la misma manera el gasto en prevención. Esta asimetría explica por qué las inversiones preventivas suelen tener dificultades para competir por recursos y prioridad política. El problema se agrava cuando no se adoptan medidas oportunas para evitar la ocupación de franjas ribereñas y quebradas expuestas a severas amenazas.

El Perú ocupa el puesto 11 del mundo en riesgo de desastres, según el World Risk Report, lo que exige institucionalizar la prevención con urgencia. De cara al Fenómeno El Niño, la prioridad debe ser destrabar las obras preventivas paralizadas y reactivar las abandonadas. Para ello, hay que establecer mecanismos que permitan al gobierno central reasignar su ejecución cuando la entidad responsable no pueda avanzar, simplificar y acelerar las adjudicaciones, y canalizar recursos hacia las intervenciones que aún pueden reducir daños.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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