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El Poder Ejecutivo y el Congreso se han hecho más que socios. El arreglo floral con el que adornan su matrimonio es la reforma constitucional.
La Comisión de Constitución ha aprobado, por orden del Ejecutivo, un proyecto de reforma. El gobierno no avanzó en su amenaza de disolver el Congreso y el Congreso, a su vez, aceptó hacer una reforma de la Carta a exigencia del gobierno.
La reforma aprobada impide postular a cargos de elección popular por causa de una sentencia en primera instancia en caso de delito doloso. La comisión agregó, en el ámbito del impedimento, a los funcionarios designados en cargos de confianza.
A primera vista, es bueno sacar de la carrera pública a los sentenciados. La primera instancia, sin embargo, no equivale a una sentencia firme. Existen varias instancias, justamente, para que los que insisten en su inocencia tengan una opción de acceder a la justicia.
El gobierno y la Comisión de Constitución creen que no debe ser así. Creen que basta la sentencia de un solo magistrado. Creen en la infalibilidad del juez de primera instancia, contra el sentido común y contra el sistema de justicia, construido, más bien, sobre el supuesto de la falibilidad.
El error parte, más que de la ingenuidad, de la ceguera. El Ejecutivo y la comisión no han querido ver ni cómo está construido el sistema de justicia ni cómo son nuestros jueces.
El punto de partida es idílico. No existen, en esta visión, jueces como el ex juez Walter Ríos o el ex juez César Hinostroza. No, al menos, en primera instancia.
Para el nuevo matrimonio reformador, en primera instancia no existen la corrupción, la negligencia, la ignorancia, la desinteligencia o el error por sobrecarga de trabajo.
¿Hubo un análisis, por ejemplo, sobre las veces en que las cortes superiores han modificado las decisiones de primera instancia? ¿Hay, siquiera, un índice de falibilidad?
Al revés, ¿no hay jueces que liberan al culpable sin fundamento o torciendo la motivación? ¿No hay Hinostrozas en primera instancia? ¿No debemos suponer que los haya?
En otras palabras, este sacrificio de los derechos, ¿nos protege del corrupto?
Lo que está de por medio es el derecho a elegir y ser elegido. Si se va a condicionar constitucionalmente este derecho, ¿no debería, por lo menos, basarse la decisión en un estudio de la eficiencia juzgadora?
El Estado no puede intermediar en la representación política. El elector debe ser el único responsable de sus decisiones.
La ley puede dar seguridades al elector en cuanto a la información sobre los candidatos. Es distinto, sin embargo, limitar el derecho a elegir y ser elegidos sobre la base de una sentencia en primera instancia, en vez de hacerlo sobre una sentencia firme.
Con esta reforma, la Constitución toma a su cargo la responsabilidad de elegir, en vez de que la asuma el elector. La ley no puede decirle al ciudadano: “No sabes elegir, por eso yo voy a acotar las opciones”.
La ola de la anticorrupción no debe llevarnos a incrementar nuestra irresponsabilidad de elegir. Al contrario, debe crear condiciones para que seamos más responsables a la hora de optar.
La Comisión de Alto Nivel que sugirió el cambio tuvo en cuenta criterios políticos. Tan es así, que cita una encuesta según la cual “más del 40% de entrevistados consideran que no deben postular quienes son investigados por corrupción” (“Hacia la democracia del bicentenario”, 2019, KAS, p. 298).
La encuesta no habla de sentencias ni de instancias. Se limita a delitos de corrupción. La cita no informa sobre la muestra ni sobre la metodología. Y se usa como argumento a favor de una ¡reforma constitucional!
La Comisión de Alto Nivel tuvo poco tiempo para estudiar el problema. La Comisión de Constitución, algunas horas para aprobar el proyecto. El Ejecutivo presionó por los plazos. Todo, en aras del aplauso popular en la ola anticorrupción.
El matrimonio del Ejecutivo con el Legislativo nos lleva a una reforma constitucional intuitiva, populachera e irresponsable. No producirá mejores candidatos y favorecerá la erosión de principios básicos constitucionales.