Partidos políticos
Partidos políticos
Juan José Garrido Koechlin

La reciente divulgación de audios y videos que comprometen a jueces y miembros de los principales órganos de nuestro sistema jurídico ha generado una ola de masiva indignación y repulsión en la ciudadanía. Las renuncias, suspensiones e incluso mandatos de prisión preventiva, si bien han satisfecho algunas demandas, no son –ni por asomo– la solución al problema; tampoco, aunque políticamente correctas, las acciones desplegadas por el presidente Martín Vizcarra.

La solución a la terrible crisis de institucionalidad que vivimos llegará cuando, en efecto, se produzca una reforma radical –léase, desde la raíz– en el ecosistema jurídico, que involucra por supuesto al Poder Judicial, al Ministerio Público y demás órganos afines como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), la contraloría y otros, pasando por cierto por la Policía Nacional y otras instituciones que participan del ámbito judicial. Es decir, debe ser una reforma radical e integral.

Ahora, ¿es posible pensar en una reforma de este tipo sin una reforma anterior de los partidos políticos? La cuestión no es menor: este último sistema es el que define, a fin de cuentas, la estructura jurídica, sus ámbitos de acción y la calidad de sus miembros. Es decir, lo más probable es que sin una reforma del sistema de partidos políticos integral cualquier reforma del ecosistema jurídico sea solo un remedio temporal a lo que se percibe como un cáncer generalizado. En simple: sin partidos políticos que actúen de manera transparente, honesta y guiados por una firme convicción del bien público, es altamente probable que los resultados de esta crisis produzcan cambios menores, cosméticos, que a la larga desemboquen en otra crisis parecida o peor que la vista hasta el momento.

La crisis desatada por los audios no puede distraernos del problema central de esta tragedia: si los partidos políticos no están a la altura de los requerimientos básicos de la administración y legislación de las cosas públicas, ¿cómo serán capaces de articular soluciones que requieren de valores imprescindibles como la honradez, la transparencia y la predictibilidad?

Por supuesto, esto no es una acusación general; no todos los políticos y partidos que los agrupan están manchados por razones morales. Pero lo cierto es que en la mayoría de partidos hay personajes cuestionados, prácticas indecorosas y razones para sentirse más que preocupado. Y en esto no se salvan ni los grandes ni los chicos, ni los nuevos ni los viejos. Al analizar, la mayoría de partidos (y muchos de sus principales miembros) se encuentran hoy bajo investigaciones muy serias (lavado de activos, crimen organizado, aportes fantasmas, robo, estafa, entre otros). ¿Cómo podrían los investigados producir un ecosistema jurídico transparente, confiable y predecible? Parece imposible, y en todo caso la ciudadanía difícilmente sentiría confianza en el mismo.

Esto supone, si deseamos una reforma integral del sistema jurídico, dos acciones imprescindibles: la primera, que los partidos quieran realizar dicha reforma, lo que implica perder capacidad y poder (una reforma óptima reduce la discrecionalidad de los agentes políticos); la segunda, que puedan trabajar un acuerdo mínimo entre ellos, los partidos, para lograrla. Es, sin duda, improbable que ello ocurra en un contexto de tanta polarización política como el actual. No obstante, de no hacer las reformas político-partidarias necesarias, el mensaje sobre las jurídicas es claro: serán cosméticas y, por lo tanto, insuficientes.