"Quienes pertenecen al sector informal están al margen de las obligaciones tributarias, operan sin permisos, licencias y autorizaciones requeridos por ley" (Foto: GEC).
"Quienes pertenecen al sector informal están al margen de las obligaciones tributarias, operan sin permisos, licencias y autorizaciones requeridos por ley" (Foto: GEC).
Maria Cecilia  Villegas

El Perú es uno de los países de la región con mayor informalidad. ¿Pero qué significa y qué impacto tiene la informalidad en el desarrollo del país? El sector informal está constituido por las empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de la ley. El 78,2% de la población económicamente activa (PEA) se desarrolla en la informalidad. Esta cifra muestra un aumento de la informalidad a niveles del 2010 y es consecuencia de las equivocadas políticas implementadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Quienes pertenecen al sector informal están al margen de las obligaciones tributarias, operan sin permisos, licencias y autorizaciones requeridos por ley. Los puestos de trabajo son precarios y sin condiciones mínimas. Basta recordar cómo fallecieron al menos cuatro trabajadores en una galería comercial del Centro de Lima al ser encerrados por su empleador durante el horario laboral y que, al desatarse un incendio, no pudieron escapar.

La informalidad genera una asignación deficiente de recursos y excluye a quienes se desarrollan en este sector de las ventajas de la legalidad: la protección policial y judicial, el acceso al crédito formal y la capacidad de participar en mercados internacionales. Obliga también a que se utilicen canales ilegales para la compra de insumos y la distribución de bienes y servicios. Esto se conoce como mercado negro. Para lograr encubrir sus actividades ilegales, deben, además, desviar recursos para sobornos a funcionarios y pagos a organizaciones criminales que les garantizan seguridad.

En el caso peruano, la informalidad es producto de la combinación de servicios públicos deficientes, de un régimen normativo opresivo y de la débil capacidad de supervisión y ejecución del Estado. Contribuye, además, a la alta informalidad, el bajo nivel educativo de los peruanos y las estructuras productivas primarias, que nos hace muy poco competitivos. Como resultado, la formalidad es un club privado al que pertenecen solo unos cuantos.

En una democracia funcional, los partidos son correas de transmisión de los intereses de los ciudadanos, los sectores productivos y la sociedad civil. Pero en el Perú, donde no existen partidos, los ciudadanos tienen una falta de representación política real que hace que tengan que resolver los problemas que debería resolver el Estado por sus propios medios. Esta falta de representación política es aún más marcada en el sector informal.

Como la informalidad opera al margen de la ley, cuando estos grupos logran organizarse, compran al poder de turno, a través de personajes como, por ejemplo, Karelim López. Esto es precisamente lo que sucede en el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que muchos de sus ministros y funcionarios provienen de sectores informales. No es casualidad que la primera ministra Vásquez responda rápidamente a los violentistas que destruyen la propiedad privada y les ofrezca el cierre de cuatro minas formales, con permisos y estándares medioambientales, antes que establecer una estrategia para llevar al Estado y la ley donde opera la minería ilegal, con insumos prohibidos y tráfico de mujeres y niñas, como en La Pampa. No es casualidad tampoco que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya legalizado los taxis colectivos junto con el Congreso, ni el cambio de 22 gerentes y directores de Sutrán entre gallos y media noche, atentando contra la reforma del transporte. O que el exministro de Educación quisiera acabar con las evaluaciones a los profesores, incapaces de aprender lo que deben enseñar. Tampoco lo es cuando los mineros informales logran una cuarta ampliación al proceso de formalización, pese a haber tenido muchos años para formalizarse. La realidad es que ni los mineros informales tienen interés ni existen tampoco incentivos para cumplir con el proceso. Así, el mercurio seguirá llegando desde los quimbaletes a los ríos del Perú, contaminando el futuro de nuestros niños.

Cuando grupos que operan en la informalidad y la ilegalidad acceden al poder de turno, se benefician indebidamente unos cuantos y nos perjudicamos todos los peruanos.

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