La presidencia coloca a en una posición privilegiada para lidiar con las investigaciones que la fiscalía conduce en su contra por ser el presunto líder de una organización criminal. Y esta semana no solo ha dejado claro que le sacará el jugo a su investidura como herramienta de defensa, sino que en el camino está dispuesto a ametrallar nuestra ya precaria institucionalidad y a azuzar a la minoría que aún aprueba su gestión para que actúe en su nombre.

Desde hace unas semanas ya se había notado un cambio en el tono del jefe del Estado que, ante el aumento de sus problemas con la justicia, ha atizado su ofensiva hacia sus enemigos comunes: la prensa, el Congreso y los empresarios. En todos los casos, acusando una confabulación contra la voluntad “del pueblo” y asumiendo el papel de víctima. Sin embargo, tras el allanamiento que se llevó a cabo el martes para detener a su hija putativa, Yenifer Paredes, como parte de las pesquisas, la reacción del mandatario ha sido incendiaria.

En primer lugar, es gravísimo que, desde el , como está sucediendo, se acuse al Ministerio Público de querer “desestabilizar el orden democrático”. Una cosa es una riña con un ente político como el Parlamento o recurrir al socorrido mensaje populista que señala a la prensa y a las empresas como responsables de todos los males del país, y otra muy distinta es disparar desde el poder contra un organismo constitucionalmente autónomo que, además, te está investigando. Castillo, como parte de su teatro, busca petardear una institución fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y la democracia.

Todo esto, además, el presidente lo hace utilizando las herramientas que su investidura le pone a la mano. Ya quisieran otros investigados, por ejemplo, poder dar mensajes a la nación para lloriquear y golpear a la fiscalía. Tampoco cae mal poder convertir los medios estatales en adminículos propagandísticos y utilizar los ministerios como instrumentos populistas. De hecho, el miércoles, cuando el Ejecutivo azuzaba en a las organizaciones civiles que aún lo respaldan, pidió “abrirles los ministerios”, como si fuesen agencias de empleo.

Pero lo más preocupante es la narrativa que Castillo está impulsando y que engloba todo lo que ha venido haciendo: él es una víctima inocente de una trama golpista que desde todos los frentes lo quiere hacer caer por ser el verdadero representante de “el pueblo”. Lo grueso de lo que acusa, desde su complicada situación legal, podría fácilmente ser el preámbulo de manotazos de ahogado aún más peligrosos y ya se han dado los primeros pasos con la movilización de los grupos que se reunieron esta semana en la Casa de Pizarro. “Si trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas”, fue lo que les dijo el primer ministro Aníbal Torres, y cuando “golpistas” se ha convertido en un término para describir a todos los que contrarían al régimen, el número de personas e instituciones que el Ejecutivo quisiera ver arrodilladas no tiene límite.

Así las cosas, romper el país parece haberse convertido en la estrategia legal por la que el presidente está apostando. Los ataques a la prensa, al Congreso, a los empresarios y ahora a instituciones vitales para el orden democrático son una muestra de esta actitud.

PD: Esta columna no se publicará la próxima semana, pero vuelve el 26 de agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más