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La tentación controlista, por Alfredo Torres

En América Latina, el apoyo a la economía de mercado es menor que en Asia.

Alfredo Torres Analista político

La tentación controlista, por Alfredo Torres

La tentación controlista, por Alfredo Torres

La economía de libre mercado es hoy el modelo preferido por la mayoría en el mundo, pero no por todos. Incluso en Estados Unidos, donde el 70% la apoya, hay un 25% que no está de acuerdo con ella. En España, que está muy golpeada por el desempleo, el apoyo a la economía de mercado es de solo el 45%, mientras el 51% está en contra. Pero lo más sorprendente de un reciente estudio del Pew Research Center es que, ahora, el mayor respaldo a la economía de mercado está en Asia: en Vietnam es 95%; en Corea del Sur, 78%; y en China, 76%. Son los países que más han sufrido los estragos causados por el modelo económico del socialismo real, o lo han visto de cerca, los que más valoran la economía libre.

En América Latina, el apoyo a la economía de mercado es menor que en Asia. Según la encuesta de Pew, el mayor respaldo hoy se obtiene, nuevamente, en un país devastado por el intervencionismo estatal: Venezuela (67%). El Perú está a media tabla: el 53% prefiere la economía de mercado y el 31% no cree que sea el mejor modelo. El menor respaldo al modelo liberal se da en Argentina (33%), el insólito caso de un país que fue desarrollado y dejó de serlo.

Las encuestas de Ipsos revelan que con el tiempo el apoyo al modelo liberal en el Perú se ha ido incrementando. Así, a la pregunta sobre quién prefiere que determine los precios, el 66% responde hoy que el mercado y el 29% que el Estado. Hace cinco años, las respuestas eran 58% y 39%, respectivamente. Del mismo modo, a la pregunta sobre la intervención del Estado en la economía, los liberales –que sostienen que debe intervenir lo menos posible o no intervenir en absoluto– han pasado de 22% a 36% en cincos años. En tanto, los estatistas –que piensan que el Estado debe controlar el conjunto de la economía nacional– han caído de 27% a 21%. Incluso los partidarios de una intervención contenida –“El Estado debe intervenir todo lo necesario pero dejando espacio al mercado”– han disminuido de 44% a 36%. 

Si bien la tendencia es a valorar más la libertad económica, todavía la mayoría es controlista. Una pregunta de Ipsos que muestra con crudeza esta realidad es si el país necesita más leyes y controles o eliminar normas y trámites. Ante esa disyuntiva, el 50% se inclina por la opción controlista y el 42% por la alternativa desreguladora. Paradójicamente, la explicación de quienes favorecen la opción controlista es que en el país hay mucha corrupción. Reclaman más leyes para combatirla. Para la mayoría no está claro que la abundancia de normas y trámites genera precisamente el espacio más propicio para la corrupción y constituye el mayor incentivo a la informalidad.

Tampoco queda claro para la mayoría el impacto de la sobrerregulación sobre la inversión y el empleo. Por ejemplo, según un estudio reciente de Apoyo Consultoría, las fuertes restricciones exigidas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable afectarán el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas. A este perjuicio habría que añadirle como daño colateral el incentivo al consumo de alimentos preparados por empresas informales en dudosas condiciones sanitarias.

La desaceleración económica que atraviesa el país debería servir de acicate al gobierno para desregular con el objetivo de incrementar la inversión y la productividad. Es un campo en el cual sí podría conseguir el discreto respaldo de los líderes políticos más sensatos de la oposición. Todos son conscientes de que el desarrollo económico sostenido requiere de una economía libre. Pero saben también que en la campaña electoral ellos y sus candidatos al Congreso se verán tentados de hacer concesiones populistas. Desde una perspectiva económica, el mayor riesgo del 2016 no es que gane un candidato que promueva el estatismo o la irresponsabilidad fiscal, sino que el Congreso se llene –gracias al voto preferencial– de parlamentarios controlistas que promuevan normas que traben el desarrollo nacional y, en su desmesura, continúen promoviendo la evasora informalidad.

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