Una sociedad que responda

“El 51% de hogares no tienen acceso a servicios públicos. Entonces, es suficiente con la enfermedad o muerte de un familiar, la perdida de trabajo o un desastre natural para perderlo todo. El reto más grande es lograr que esto nos importe a los demás”. 
(Foto: Lino Chipana/ El Comercio)

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Por su ubicación geográfica, el Perú es un país con alta exposición y vulnerabilidad frente a eventos climáticos y desastres naturales. Esta vez enfrentaremos un fenómeno de El Niño (FEN) sin la preparación necesaria porque las autoridades locales encargadas de ejecutar las medidas preventivas no cumplieron su tarea. Hasta julio del 2026, cuando el riesgo de un FEN extraordinario era ya conocido, 109 municipalidades mantenían en cero la ejecución de los recursos para prevención. Poco importa si la causa fue incapacidad, desidia o corrupción. Lo relevante es que miles de familias pagarán las consecuencias de un Estado que, una vez más, llegó tarde a cumplir sus obligaciones.

El FEN podría empujar nuevamente a miles de peruanos a la pobreza. Hoy, el 60% de la población es pobre o vulnerable a caer en ella ante cualquier emergencia. Según Hágase Instituto, por efecto del FEN y la inflación por el alza de combustibles, la pobreza subiría a 26,9% en el 2026 y a 27,8% en 2027, lo que implicaría que 757.000 personas vuelvan a ser pobres. La fragilidad de los hogares es evidente: ante una emergencia, el 63% recurre a familiares, amigos o al Estado, mientras que solo el 38% puede usar ahorros, un crédito o un seguro, según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp. La mayoría carece de recursos para afrontar una crisis por cuenta propia.

De acuerdo con el Cenepred, actualmente ocho millones de peruanos están expuestos a un riesgo muy alto de inundación. Y la región Piura será una de las más golpeadas, porque ni la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ni la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que heredó su cartera, fueron capaces de priorizar la solución integral para el Río Piura, que se desborda con cada temporada fuerte de lluvias. No fue falta de recursos. Es la desidia y la incapacidad de las autoridades la que pone en riesgo a los peruanos.

Y aunque siete de cada diez peruanos reconocen la enorme desigualdad del Perú, solo el 38% considera que esta desigualdad es inaceptable. Hace solo dos años era el 51% (Enades 2026). Y es que estamos tan enfocados en salir adelante solos y en sacar adelante a nuestras familias que no nos importa el resto. Desconfiamos de todo y de todos, en un país donde el Estado es incapaz de atender a su población, brindar servicios de calidad o ayudarlos a enfrentar emergencias. Por eso, 80% de peruanos se siente agraviado (Edelman). Porque no tienen acceso a educación gratuita, tampoco salud pública que funcione, ni justicia o protección social. El 51% de hogares no tienen acceso a servicios públicos. Entonces, es suficiente con la enfermedad o muerte de un familiar, la perdida de trabajo o un desastre natural para perderlo todo. El reto más grande es lograr que esto nos importe a los demás.

El Estado tiene que llegar a las poblaciones más pobres y amortiguar el impacto del FEN y la inflación. Pero también es urgente despertar el interés del sector privado en cerrar brechas. El sector financiero tiene que hacer más para lograr bancarizar a más peruanos, generar programas de ahorro y seguros que los protejan a costos que puedan cubrir. El sector inmobiliario necesita invertir en programas de vivienda social asequibles en zonas seguras y con servicios; los gremios y organizaciones empresariales necesitamos presionar al Estado para que gestione y rinda cuentas, pero también necesitamos invertir en ‘think tanks’ (laboratorio de ideas) que generen evidencia. Necesitamos construir una sociedad que responda.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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