Otra vez líderes continentales en victimización, por Gino Costa

Seguimos siendo el país con la más alta victimización delictiva en el hemisferio occidental. Este año hemos vuelto a encabezar el ránking del Barómetro de las Américas, con una tasa de 30,5%, significativamente más alta que el 28,1% del 2012. Desafortunadamente desde el 2006, año en el que el barómetro comenzó a medir la victimización en una veintena y media de países del continente, encabezamos este ránking, con la excepción del 2008, en que nos ubicamos en segundo lugar. 

Estos resultados no son motivo de orgullo alguno. Tampoco significan que seamos el país más violento ni el líder en criminalidad organizada en la región, fenómenos que se evalúan con otros instrumentos. Lo que la victimización mide es el porcentaje de personas mayores de 18 años que en los últimos 12 meses fueron víctimas de un delito –robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenaza u otro–. Se trata de lo que comúnmente conocemos como delito callejero.

¿A qué se debe nuestro nada envidiable liderazgo en esta materia? En una importante medida, a la debilidad de nuestras instituciones de justicia penal, como lo demuestran los resultados del propio barómetro. En efecto, la confianza ciudadana en el sistema de justicia en el Perú –que incluye a la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial– es la más baja de todo el continente (34,2%). Esta desconfianza es la mejor demostración de nuestro deficiente desempeño institucional.

Con la más alta victimización y la más baja confianza en la justicia penal, a nadie debe sorprender que contemos con la segunda más alta percepción de inseguridad en el continente. La percepción de inseguridad da cuenta del temor que sienten las personas mayores de edad a ser víctimas de un asalto o robo en su barrio o en el lugar donde viven. Con el 56,6%, el Perú fue solo superado por Venezuela. Nuestra tasa de este año fue la segunda más alta desde el 2006, y este el primer año en que no encabezamos este ránking.

En este clima de altísima vulnerabilidad a la delincuencia callejera hay, entre nosotros, dos tipos de respuestas que coexisten. La primera, positiva, que se traduce en la participación ciudadana en sistemas de autoprotección organizados por las autoridades policiales y municipales. El Perú tiene en las Américas la segunda más alta participación vecinal para la seguridad ciudadana (28,2%). 

La segunda, negativa, que favorece las respuestas autoritarias, el involucramiento de los militares en tareas de seguridad ciudadana y la justicia por mano propia. El Perú aparece en tercer lugar entre los países con más apoyo a este tipo de medidas (40,6%).

El hasta ahora irresoluble problema del delito callejero y el malestar ciudadano que lo acompaña son terreno fértil para el populismo penal, que puede entretener, distraer y agradar a la tribuna, pero no resuelve los verdaderos problemas de fondo. Esta solución solo se logra profesionalizando las políticas de seguridad ciudadana y sus instituciones.