Vuelve la turbulencia, por Alfredo Torres

La encuesta de Ipsos que publica hoy El Comercio revela que concluyó ya el breve respiro que tuvo el Gobierno con su eficaz reacción a la emergencia de El Niño costero, reflejada en su lema #UnaSolaFuerza. La aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski cayó en junio de 43 a 39%, mientras que sus ministros perdieron entre 2 y 5 puntos porcentuales. Su caída, sin embargo, no benefició a la oposición: la aprobación de Keiko Fujimori se mantuvo en 40%, prácticamente la misma cifra que registra desde el inicio del gobierno. Lo mismo ocurrió con Verónika Mendoza, cuya aprobación es ahora de 29%, cifra similar a la obtenida en meses anteriores. Cabe destacar que tanto en el caso del presidente como en el de las lideresas de la oposición, la desaprobación es mayoritaria.

Los principales hechos políticos del período fueron la resolución del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero y las denuncias contra el contralor Edgar Alarcón. Al respecto, la mayor parte de la población informada considera que el informe técnico de la contraloría era “confuso y equivocado” o motivado por razones políticas, pero también que la adenda no mejoraba el contrato inicial. En consecuencia, la mayoría está de acuerdo con que se haya puesto fin a ese contrato, pero al mismo tiempo, el 88% apoya la decisión del gobierno de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto del Cusco.

Con respecto a la conducta de Alarcón, más del 80% de los informados considera que es culpable de realizar negocios incompatibles con su cargo y de evadir impuestos en la venta de los vehículos que adquirió. A su vez, la mayoría cree que él grabó la conversación que tuvo con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, que fue luego divulgada por televisión. En consecuencia, el 78% piensa que debería renunciar al cargo que ostenta. Está claro que ha perdido totalmente la confianza de la ciudadanía, indispensable para esa función.

Uno de los acontecimientos políticos más relevantes de las próximas semanas será la interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Entre los entrevistados informados, el 64% está a favor de la interpelación, sin embargo, el apoyo a su eventual censura es de solo 46%. Es decir, a la mayoría le parece bien que el ministro acuda al Congreso a dar cuenta de su gestión en materia de seguridad ciudadana, pero no tanto que sea censurado. Es posible que esta diferencia se explique por la aprobación ciudadana a las megaoperaciones de captura de bandas, al programa de recompensas y al programa Celular Robado, Celular Bloqueado.

En el ámbito político-judicial, destaca la convicción generalizada del 92% de la ciudadanía sobre la culpabilidad de Alejandro Toledo por la coima que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht. El 94% considera que el ex presidente debería ser extraditado y el 78% piensa que el gobierno debería actuar con más energía con tal propósito. Solo el 18% percibe que dicha presión podría ser interpretada como persecución política y dificultar la extradición. A su vez, en otro caso aun más grave que involucra a otro ex presidente –los crímenes cometidos en Madre Mía–, el 83% considera que existen suficientes indicios como para que Ollanta Humala sea investigado por la fiscalía.

Comprensiblemente, la opinión pública se encuentra muy decepcionada y distanciada de los líderes políticos. Aun así, la gran mayoría no pierde la esperanza en que el Ejecutivo y el Congreso puedan desarrollar una relación constructiva por el bien del país. Para el 70%, la relación entre estos dos poderes del Estado debería ser de cooperación. Lamentablemente, no es eso lo que la ciudadanía percibe en la relación entre unos y otros. Solo 10% considera que hoy prima una actitud constructiva. Para el 85% lo que prevalece es la desconfianza, el ánimo de confrontación.

La salida al entrampamiento no es sencilla porque hay opiniones contrapuestas sobre cómo resolverlo. Para el 44%, el gobierno debería buscar el diálogo con el Congreso permanentemente. En cambio, para el 36% el gobierno debería actuar con más firmeza frente al Congreso. En los extremos, el 4% cree que el Ejecutivo debería hacer lo que el Congreso le diga y el 13% que el presidente debería cerrar el Congreso. Pero lo cierto es que, si no se tienden puentes entre unos y otros, las leyes necesarias para reactivar la economía y generar empleo y bienestar seguirán sin aprobarse y, por el contrario, se aprobarán leyes que seguirán trabando el desarrollo nacional en perjuicio de todos.