Editorial: Sin inocentes

De acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos, la primera encuesta publicada desde el pasado 28 de julio, el 75% de peruanos están a favor de la propuesta del presidente Martín Vizcarra de reformar la Constitución para adelantar las elecciones generales al 2020. El estudio demuestra, al mismo tiempo, que la aprobación al jefe del Estado ha alcanzado el 57%, 13 puntos más de lo que registraba en julio antes de que diese su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

Estas cifras –tanto la que registra el apoyo ciudadano al borrón y cuenta nueva planteado por el mandatario como la que da cuenta de la aprobación presidencial– se pueden explicar por un hecho harto conocido: los peruanos están cansados de sus representantes en el Poder Legislativo. Una realidad que no es novedosa, considerando que ningún Parlamento en nuestra historia reciente se puede ufanar de haber sido particularmente popular. De hecho, en los últimos 18 años esta institución ha llegado a alcanzar una máxima desaprobación del 91% en diciembre del 2005, 19 puntos más que la actual configuración parlamentaria (72%). La situación que hoy se vive, empero, es diferente por la existencia de una mayoría opositora avasalladora en el Congreso y un jefe del Estado que ha comprendido que puede sacar provecho político enfrentándola.

Dicho esto, mal haría el jefe del Estado en interpretar que su alta aprobación es consecuencia de una buena gestión, pues sería ignorar el otro mensaje que también le está dando la ciudadanía. Según información de la encuesta de julio de El Comercio-Ipsos, por ejemplo, solo 13% del Perú aprueba la labor de Martín Vizcarra por considerarlo una persona capaz y estar preparado por el puesto. Asimismo, solo 18% lo apoya por estar “trabajando por mejorar la educación”, 20% por hacer lo mismo con la seguridad ciudadana y 24% por trabajar en pro de la economía.

En otras palabras, las cifras dejan claro que el apoyo al presidente está vinculado a todo, menos a los ingredientes que componen una buena administración, y se asocia, más bien, con la posición que ha tomado hacia el Congreso y al discurso anticorrupción que sostiene (50% asegura respaldarlo “porque está luchando contra la corrupción”), pero que no se ha traducido en acciones que vayan más allá de las declaraciones y los gestos políticos. En concreto, una situación que debería inspirar un mea culpa de parte de un Ejecutivo que no ha sabido empeñar sus satisfactorios índices de popularidad (y por ende, capital político) en insistir en aquello que la ciudadanía verdaderamente necesita, como procurar la reanimación de nuestra economía y sortear los vergonzosos tropiezos que ha tenido la reforma del sistema de justicia.

Claro está que tampoco hay que perder de vista al otro actor que entra a tallar en esta historia. Si el gobierno ha podido hacer municiones de sus enfrentamientos con el Congreso, es porque este lo ha provisto de la pólvora. Puntualmente, esta ha llegado en la forma de vulgares blindajes a personajes como el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, promulgación de leyes que el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucionales (como la ley de publicidad estatal en medios privados) y, en general, en una inclinación por obstaculizar el trabajo del Ejecutivo.

En suma, la actual crisis política, que ha entrado a un nuevo capítulo a propósito de lo anunciado por el presidente en Fiestas Patrias, exige una reflexión de ambos poderes del Estado. En primer lugar, para notar que ninguno de los dos es inocente en este trance que ha desembocado en el hartazgo de la ciudadanía y, en segundo lugar, para invertir todos sus esfuerzos para que en las próximas semanas las decisiones que se tomen tengan como prioridad el respeto a nuestro marco institucional y las necesidades del país.