Editorial: Abolir el limbo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió hace dos días la consulta que tenía pendiente con respecto a la improcedencia de la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal Electoral de Todos por el Perú (TPP), pero el país sigue sin saber si ese partido participará en los comicios de abril próximo.

Esto es así porque lo segundo –la posibilidad de que la organización que postula a Julio Guzmán a la presidencia quede fuera de la competencia– es una consecuencia posible pero no necesaria de lo primero. El propio JNE en el referido fallo señaló que su decisión “se limita a denegar que el Registro de Organizaciones Políticas modifique la partida registral del partido político, y es independiente de la inscripción de la fórmula presidencial y listas al Congreso de la República y al Parlamento Andino, en trámite ante los Jurados Electorales Especiales”.

La verdad, sin embargo, es que importantes sectores de la ciudadanía tenían la impresión (y probablemente la ilusión también) de que la referida resolución zanjaría el problema en un sentido o el otro, y permitiría que el limbo en el que ha entrado el proceso por este enojoso asunto terminase de una vez por todas. Una impresión, dicho sea de paso, a la que contribuyó de un modo determinante la ‘vigilia’ que montaron Guzmán y sus seguidores durante dos noches seguidas frente al local del JNE. Si lo que allí debía resolverse no era tan importante, como ellos mismos han declarado luego, no se entiende a qué vino tanto insomnio.

De cualquier forma, ahora le toca al Jurado Electoral Especial decidir, sobre la base de lo fallado por el JNE, la suerte de TPP. Y si como es previsible, llegase a la conclusión de que, en la medida en que las instancias que eligieron a Guzmán y a los demás candidatos del partido estuvieron mal inscritas, sus actos carecen de validez, la agonía continuaría. Lo que llevaría al conglomerado morado, a su turno, a apelar esa decisión una vez más ante el JNE.

¿Y cuánto tiempo podría tomar todo esto? Pues nadie lo sabe con exactitud. Pero lo cierto es que, mientras más días o semanas demoremos en saber si el partido en cuestión estará o no en la cédula de sufragio, más sufrirá el proceso en general. Porque, como hemos aseverado ya en esta página, la duda acerca de si un aspirante a la presidencia que ocupa una posición tan expectante en las encuestas será o no una opción disponible el 10 de abril enrarece la atmósfera electoral. Máxime cuando el candidato en la cuerda floja ha hablado sobre la supuesta existencia de una ‘mano negra’ tras las observaciones a la inscripción de su postulación, y ha añadido después que le parece extraño que todos los otros candidatos se hayan ‘alineado’ diciendo que él no debe participar.

Así las cosas, la pelota se encuentra en la cancha de las autoridades electorales, cuya responsabilidad no solo consiste en velar por la legitimidad de los comicios en términos legales, sino también por el ambiente de transparencia en que estos se deben celebrar. Y en muchos casos, como en el que comentamos aquí, eso pasa por sancionar rápida e inequívocamente los asuntos que son elevados a su consideración.

Contra lo que el JNE parece pensar, pues, cuando la semana pasada comunicó que se tomaría ‘solo’ cinco días útiles para resolver la consulta sobre TPP que tenía pendiente a pesar de que la normatividad vigente le permitía tomarse 30, no estaba anunciando algo que mereciera precisamente aplausos. Estaba, más bien, reaccionando de un modo un tanto tardío a lo que evidentemente era una demanda ciudadana.

Y con esa prioridad en mente, haría bien en acelerar sus propios procesos si el asunto –como parece que ocurrirá– vuelve a caer en sus manos, y en exhortar a las instancias inferiores a hacer lo mismo, por el bien del proceso electoral en marcha. 

Si hasta el Vaticano fue capaz de decretar hace ocho años la abolición del limbo del que hablaba la doctrina católica, no es posible que nuestras autoridades electorales no puedan abolir también sumariamente el que venimos padeciendo en esta campaña.