Editorial: Año tres

Hoy culmina el tercer año del gobierno del presidente Humala en medio de una crisis política en su propio partido, una preocupante desaceleración de nuestra economía y una creciente inseguridad ciudadana. Sus aciertos han sido pocos, quizá los más resaltantes son el haber mantenido las grandes líneas macroeconómicas, el haber iniciado una necesaria reforma del servicio civil y el tener un Gabinete con algunos ministros técnicos y de muy buen nivel. Sus errores, en cambio, han sido varios y el tercer año de la administración Humala se caracterizó –al igual que el primero y el segundo– por la improvisación política, los mensajes contradictorios en el tema económico y una muy limitada capacidad comunicativa.

Aquí un balance de lo que ha sido el último año de la gestión del presidente. 

Seguridad

En esta materia hemos presenciado una clara ausencia de rumbo a lo largo de todo este gobierno. Si bien se pueden resaltar algunos aciertos como la captura de los miembros del Movadef, así como de algunas bandas importantes en el norte del país, el balance general es poco convincente una vez que se ven las estadísticas. 

Quizá el problema comienza porque, durante la mayor parte de su gestión y muy claramente durante el año pasado, el Ejecutivo persistió en negar la realidad. Los ciudadanos aún tenemos muy presente el recuerdo del ex ministro Pedraza negando las cifras y sugiriéndonos que era un asunto de “percepciones” o al ex primer ministro Jiménez acusándonos de sufrir de “histeria” colectiva por preocuparnos por la criminalidad. De manera similar, el ex ministro Albán apuntaba que no hay racha de crímenes, sino que ciertas bandas se han vuelto “más visibles”. Y, por último, el propio presidente pasó de sugerirnos a los peruanos abstenernos de salir a la calle con efectivo como estrategia para enfrentar la delincuencia a responder que no tiene una “bola de cristal” para saber si la inseguridad es el mayor problema del Perú.

Mientras las autoridades miraban a otro lado, la Policía Nacional seguía desprestigiándose. Según una encuesta de El Comercio-Ipsos publicada en febrero de este año, el 69% de los entrevistados no confía en la PNP, 44% indica que esta le inspira más temor que seguridad y 82% considera que tiene bastantes posibilidades o que definitivamente conseguiría sobornar a un policía si quisiera hacerlo.

La última carta que ha presentado este gobierno para combatir la inseguridad es la del militar en retiro Daniel Urresti, quien ha decidido dar un nuevo enfoque a la lucha contra la delincuencia. Si bien hay que resaltar que él parece no negar la situación de inseguridad que atravesamos (cosa muy positiva), en este Diario nos preocupa que dedique tanto tiempo a las apariciones mediáticas y a encabezar operaciones de campo. Por un lado, si el señor Urresti está haciendo el trabajo que le corresponde a un capitán de policía, eso significa que no está haciendo el trabajo que le corresponde como ministro. Por otro, tememos que podríamos estar presenciando una suerte de populismo en el tema de la seguridad: acciones que complazcan a la ciudadanía y que permitan aumentar la popularidad del ministro, pero que no atiendan las reformas de fondo que se encuentran pendientes y que permitirían realmente reducir el crimen. 

Es fundamental que el gobierno, en los dos años que le quedan, intente buscar un rumbo claro por el cual conducir la lucha contra la inseguridad. El actual es el sexto ministro del Interior en este gobierno y, hasta el momento, ninguno ha sido capaz de dar los primeros pasos para resolver este grave problema que aqueja al país y que es el que, sin duda, más nos angustia a los peruanos. 

Corrupción

En este campo, el gobierno tampoco ha dado pasos firmes este último año. El más grande escándalo de corrupción desatado durante esta administración, el Caso López Meneses, lleva ya más de ocho meses sin que se sepa quién fue el responsable del ilegal resguardo a la vivienda del ex asesor montesinista. El nacionalismo, además, se esforzó por minimizar la gravedad de este tema y obstruir el esclarecimiento de los hechos, como por ejemplo cuando pidió que se investigara desde 1990 (lo que claramente habría diluido los hechos en cuestión) o cuando restringió los recursos económicos con los que cuenta la comisión investigadora en el Congreso. Todo esto solo ha llevado a acrecentar las sospechas de que el gobierno tiene una preocupante responsabilidad en este asunto.

Asimismo, no podemos olvidar el escandaloso caso que protagonizó este último año la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) que dirigió la militante nacionalista Dacia Escalante. La ex funcionaria fue acusada de utilizar cuantiosos recursos públicos en actividades proselitistas del Partido Nacionalista y en varios eventos encabezados por el presidente. El Ejecutivo decidió defender lo indefendible hasta que el peso de la opinión pública llevó a la renuncia de Escalante. Su retiro, sin embargo, no ha supuesto el cambio de estructura y las funciones de la oficina.

Por otro lado, en la bancada oficialista en el Congreso, los actos reñidos con la ley o la moral no han dado tregua. El más llamativo fue el de la congresista Cenaida Uribe, suspendida 120 días por favorecer indebidamente a la empresa Punto Visual utilizando su cargo como legisladora. Asimismo, parece que el partido del presidente Humala ha tomado muy en cuenta la frase del ex presidente Benavides que decía: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. Un claro ejemplo ha sido el amplio blindaje dado por el nacionalismo al ex presidente Toledo en el Caso Ecoteva, mientras que paralelamente la megacomisión que investiga a Alan García se convirtió en una máquina implacable de indagaciones.

Por último, han sido muchos los casos de corrupción que se han destapado a lo largo de todo el aparato estatal. Este último año hemos sido testigos de cómo venía operando impunemente la red del señor Rodolfo Orellana a través de todas las instituciones del Estado o de cómo se habían gestado en varios gobiernos regionales (Áncash, Tumbes, Cajamarca, Pasco, entre otros) enormes redes de corrupción por las que hoy, por primera vez, tres presidentes regionales están en prisión y un cuarto acaba de ser capturado por la policía. 

Si bien el señor Humala llegó al gobierno ofreciendo que la “honestidad hará la diferencia”, su accionar por combatir la corrupción en todos los niveles del Estado ha dejado bastante que desear. Es importante que este gobierno aclare las graves denuncias que pesan sobre algunos de sus ministros y funcionarios y que se busque, antes que tapar con la alfombra la suciedad, barrer de una vez por todas con la corrupción.

Economía

En este tema, el aspecto más preocupante es la reciente desaceleración. Desaceleración que es en buena cuenta fruto, más que del contexto internacional, de varios errores internos. Principalmente, el constante ruido político, los contradictorios mensajes que envía el presidente Humala en materia económica, la ineficiencia para ejecutar el gasto público y la suma de regulaciones que entrampan la inversión privada 
En el Perú cada punto de crecimiento del PBI significa 72.000 nuevos puestos de trabajo. Como cada año se suman al mercado laboral 360.000 personas, para que no crezca el desempleo los peruanos necesitamos crecer –según acaba de señalar César Peñaranda, director del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima– al menos 4,6% al año solamente para no retroceder (que es, precisamente, lo que parece que haremos en el 2014, con un crecimiento esperado de menos de 4% que nos podría llevar a que aumente la pobreza).  

El gobierno reaccionó frente a la desaceleración –una vez que ya la tenía encima– con algunas medidas acertadas que buscan reactivar la inversión privada y que formaron lo que se llamó el “paquete reactivador” (cuya segunda fase se espera sea anunciada el día de hoy en el mensaje del presidente). Lamentablemente, dichas medidas no resuelven los temas de fondo que más restringen la inversión privada, como la poca flexibilidad de la regulación laboral o la impredictibilidad y onerosidad del sistema tributario.

No es casualidad que, según la OIT, el 68,6% de los trabajadores peruanos estén contratados en la informalidad. Nuestro régimen laboral es tan rígido y caro (los costos no salariales del trabajo que impone nuestra legislación laboral superan el 60% del costo laboral total) que genera poderosos incentivos para que empresas y trabajadores prefieran operar al margen de la ley, colocando a estos últimos en la posición más vulnerable posible. 

Por otro lado, como señalamos antes, mientras que por un lado el Ejecutivo intentaba reactivar la inversión privada, el presidente tomaba decisiones y enviaba mensajes que producían lo contrario. Por citar solo dos de las más recientes, la promulgación de la intervencionista Ley Universitaria o el discurso que dio en Talara reivindicando a Velasco. 

Paralelamente y sumando a los mensajes incorrectos, el gobierno se ha empeñado en lanzar una serie de proyectos faraónicos en términos que no han sido justificados de forma transparente y clara. Nos referimos a la modernización de la refinería de Talara de Petro-Perú (inversión cuya rentabilidad y conveniencia no han sido demostradas), la línea 2 del metro de Lima (cuyo diseño totalmente subterráneo nunca se probó mejor que las alternativas más baratas) y, por último, el gasoducto del sur (cuya viabilidad económica sigue en duda por los cuestionamientos existentes sobre el tamaño de las reservas de gas y la real demanda para el servicio). 

En materia económica, el gobierno no puede persistir en el piloto automático. Necesitamos profundas reformas de fondo que destraben la inversión privada (y no solo aquellas que como las últimas son correctas pero insuficientes). Y el presidente no puede seguir deshaciendo con una mano lo que hace con la otra. 

Las reformas

Como indicamos al inicio, este gobierno ha tenido el acierto de impulsar una reforma del servicio civil que, bien implementada, puede permitir avanzar en la modernización de nuestra precaria burocracia. Este, hasta el momento, es el legado de la administración del señor Humala. 

La otra gran reforma que emprendió esta administración, sin embargo, no ha dejado un buen sabor de boca. Nos referimos a la reforma del Sistema Privado de Pensiones. Por un lado, no se lograron las mejores condiciones que tanto se anunciaron para quienes ya cotizaban en el sistema. Por otro lado, la incorporación de los trabajadores independientes ha llevado a cuestionar la institución misma del aporte obligatorio. Y con razón. ¿Por qué el gobierno trata a los ciudadanos que lo eligen como incapaces que no saben qué es lo que más les conviene, que no son competentes para manejar su patrimonio y que no podrán ingeniárselas para subsistir en su vejez? ¿Por qué el Estado debe privar a sus ciudadanos del derecho a disponer de parte del dinero que ganan con el sudor de su frente?

En materia de salud, por otro lado, se han dado algunos pasos iniciales y valientes en el rumbo correcto. La ministra –a pesar de los cuestionamientos de varios grupos de interés– ha lanzado una serie de asociaciones público-privadas para tercerizar la gestión de varios servicios en instituciones de salud con la finalidad de volver más eficiente la prestación de sus servicios.

En materia educativa, lamentablemente este gobierno retrocedió en lo que avanzó el anterior y dejó estancada la reforma de la carrera magisterial. Este es un tema particularmente grave, pues nadie duda de que las deficiencias de nuestro sistema educativo son unas de las principales barreras para construir ciudadanía y aumentar el ritmo del crecimiento económico.

El gobierno ya recorrió más de la mitad del camino que tenía por delante. Por el bien del Perú esperamos que para el resto del recorrido tenga el rumbo mucho más claro.