Editorial: Conocimiento mínimo vital

Esta semana, dos precandidatos, uno a la presidencia y otro al Congreso, protagonizaron un desliz cuando, al ser entrevistados, no supieron responder a cuánto ascendía el salario mínimo vital (consiste en S/930). A pesar de las poco convincentes explicaciones que dieron por el error, lo cierto es que lo ocurrido dio espacio a cuestionamientos sobre el conocimiento que tienen de la realidad nacional y, en consecuencia, sobre todo aquello que debería saber alguien que pretende ejercer un cargo importante en el Estado.

Estos casos, empero, aunque puedan llamar la atención, no pasan de lo anecdótico. Los verdaderos problemas llegan, más bien, cuando desconocimientos mayores se trasladan a las propuestas que un candidato pretende implementar en el país y estas terminan por sustentarse en una visión distorsionada de la realidad nacional. Son las medidas que se vayan a buscar ejecutar durante una eventual gestión las que verdaderamente importan y los datos sobre los problemas que afligen al país deberían ser un ingrediente importante en ellas.

En ese sentido, otros ejemplos, como el de la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, resultan más pavorosos. Como se sabe, la excongresista mantiene como uno de sus pilares programáticos el cambio de la actual Constitución, a la que le ha imputado buena parte de los problemas que el país ha experimentado en los últimos años. Sin embargo, cuando la periodista Rosa María Palacios le hizo preguntas sobre la materia hace unas semanas, el poco conocimiento que tiene sobre el texto en cuestión quedó de manifiesto, particularmente cuando sugirió que la Carta Magna no garantiza el acceso a la salud y a la educación de los peruanos.

Saber sobre eso que uno pretende corregir o mejorar, más que un requisito, es una obligación. Anuncios y promesas importantes, como los referidos a alterar nuestra ley de leyes, deben estar acompañados de un diagnóstico certero y documentado de la realidad nacional, no en fantasías ideológicas que nada tienen que ver con el remedio de nuestros males. En corto, se necesitan propuestas concretas.

Y las materias que los candidatos deben abordar son bastante claras, especialmente dado el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Por su parte, muchas de las soluciones también lo están y no exigen fórmulas mágicas, aunque deban estar acompañadas de reformas en puntos claves.

Una de las áreas que más debe discutirse, por ejemplo, concierne a la reactivación de nuestra economía. Las acciones que hay que tomar en este campo son diversas, pero se centran en mantener los mecanismos que han surtido efecto en el pasado (como la promoción de la libre iniciativa privada) y fortalecerlos donde sea necesario. Se deben incentivar los grandes proyectos de inversión y solucionar los conflictos sociales en torno a ellos. En ambos casos, quien pase a ocupar Palacio de Gobierno tendrá que demostrar voluntad política y conciencia sobre lo que ocurre al interior del país.

La informalidad también va a ser un problema que habrá que enfrentar, con mayor potencia ahora que la epidemia la ha hecho crecer. Los candidatos a todo puesto deben entender el daño que le hace al país la existencia de un régimen laboral rígido que convierte los derechos laborales en un privilegio y tener el interés por emprender una reforma que, sin duda, será controversial.

Otros campos, como la educación y la salud, también merecerán propuestas concretas y cuidadosamente analizadas. El COVID-19 ha llevado al límite la solvencia de ambos sectores y sus debilidades han sido crudamente expuestas. Aquí la clave será saber cómo dirigir los recursos económicos existentes de manera acertada, algo en lo que el Estado falla hace décadas.

En suma, más que en los tropiezos que pueda tener alguien que busca un cargo de elección popular, el foco debe estar puesto en las propuestas específicas que este presente y cómo estas utilizan el conocimiento de nuestra realidad para mejorarla. Ese es, pues, el camino que debe tomar esta campaña.