Editorial: Cuestión de confianza

La controversia alrededor de la adquisición de 980 computadoras dispuesta y luego suspendida por la Mesa Directiva del Congreso ha escalado en estos días a raíz de la decisión de esa misma instancia de retirarle la confianza al director de Logística del Parlamento, Sergio Romero.

Como se sabe, la operación, efectuada por el catálogo electrónico del sistema Perú Compras, fue objeto de suspicacia desde tiempo atrás. Concretamente, cuando se discutía la pertinencia de las razones por las que la bancada de Fuerza Popular sostenía que el ahora ex titular de Educación, Jaime Saavedra, debía dejar su cargo. Y la ironía que muchos señalaron en ese momento era que, entre los motivos esgrimidos para proceder con la censura, se contaba el de la supuesta ‘responsabilidad política’ que alcanzaba al ministro por una compra de computadoras hecha por su sector bajo ese mismo mecanismo y en la que existían indicios de corrupción.

La sugerencia implícita era que, con la misma lógica con la que se decía que Saavedra debía renunciar por ser ‘responsable político’ de una adquisición sobre la que pesaban tales sombras, se debía pedir que los integrantes de una Mesa Directiva del Congreso responsable de una compra en la que los precios y el proveedor estaban en entredicho hicieran lo propio.

Indignada por esas insinuaciones, la presidenta del Legislativo Luz Salgado declaró entonces ante la prensa: “A mí me van a tener renunciando si es que alguno de mis funcionarios, por A o B, ha incumplido esa función. Que informe la contraloría. […] Aquí siempre voy a salir al frente y defenderé a los trabajadores en su función, porque ahora no los van a asustar para que no compren las cosas que se necesitan”. Y agregó: “Que se compren, pero con transparencia. Que se compren guardando todas las normas que se tienen que guardar”. Era 15 de diciembre, la fecha en que se aprobó la censura al titular de Educación.

Cuatro días después, sin embargo, la propia señora Salgado debió comunicar a la opinión pública que la contraloría le había informado sobre la existencia de ‘un riesgo’ en la compra de las computadoras. Y dos días más tarde, la Mesa Directiva anunció, por boca de su vicepresidenta Rosa Bartra (la presidenta se encontraba hospitalizada por una descompensación), que la compra había sido ‘suspendida’.

Finalmente, a principios de esta semana, Salgado dio a conocer el ya mencionado retiro de confianza al director de Logística, por no haber advertido que la empresa seleccionada para la adquisición de las computadoras no cumplía con algunos requisitos, tales como tener tres años de experiencia en el rubro.

Pues bien, las preguntas insoslayables que surgen ante esta circunstancia son varias. ¿No estamos ante un caso en el que la propia presidenta del Congreso está indicando que uno de ‘sus’ funcionarios ha incumplido su función? ¿No hay acaso una gran distancia entre defender a un trabajador y retirarle la confianza? Y sobre todo, ¿ha olvidado la señora Salgado las consecuencias que, según dijo, acarrearía para ella la confirmación de un escenario como el que ahora tenemos delante?

En esta página argumentamos en contra de que el ministro de Educación fuera censurado por una compra realizada por instancias administrativas de su sector y, por esa misma razón, creemos ahora que la presidenta del Parlamento no debería dejar su cargo por la ocurrencia de un incidente similar en la institución que conduce… Pero esa, ciertamente, no fue la opinión de la bancada de Fuerza Popular ni la de ella misma al momento de proceder con el licenciamiento de Saavedra.

Lo que queda planteado ante la opinión pública, por lo tanto, es una cuestión de confianza, pues su permanencia en el sillón al que dijo que no se aferraría en un trance como el actual pondría en evidencia la existencia de un doble rasero para medir las responsabilidades políticas propias y ajenas. Y eso acaba con la credibilidad de cualquiera.