Editorial: Sin cultura de competencia

Hace algunos días el Indecopi sancionó a cinco cadenas de farmacias (Inkafarma, Arcángel, Fasa, Mifarma y Nortfarma) por haber concertado los precios de 36 productos entre los años 2008 y 2009. Ello con el apoyo de distintos laboratorios farmacéuticos que habrían actuado como encargados de coordinar las subidas de precios con todas las cadenas involucradas.

Contrariamente a lo que algunas personas han señalado en medios de comunicación y redes sociales, no se trataba de un cártel común y corriente, donde los más altos ejecutivos de empresas competidoras se reunían excepcionalmente y a puertas cerradas para fijar precios o cantidades a producir. En este caso, la “nivelación” o “regularización de precios” –como era llamada la práctica por los actores involucrados– fue una estrategia impulsada cotidianamente por las áreas de ventas de las cadenas de farmacias y sin mayor velo.

En concreto, el encargado de ventas de un producto en una cadena de farmacias se comunicaba con el laboratorio que fabricaba dicho producto para que intercediera con la cadena competidora y lograra que esta igualara sus precios. Es decir, el laboratorio actuaba como el intermediario entre dos o más cadenas de farmacias que no querían competir entre sí. Usando este esquema y modalidades similares, las cadenas de farmacias se coludieron para subir los precios de 21 medicamentos y 15 productos de cuidado nutricional, según el Indecopi.

Sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde asumir a las cadenas, la evidencia y lógica económica subyacentes indican que eran los mandos medios de las empresas los preocupados por llegar a ciertas metas de ventas y que, para lograrlo, escogieron el camino de la concertación, mostrando así una preocupante –y quizá muy arraigada– falta de cultura de competencia en dichas empresas. 

Frente a estos hechos, el presidente de la Confiep ha declarado públicamente que “la sanción debe ser tan grande que no solo los que concertaron precios nunca más quieran hacerlo, sino que si hay otros que piensen hacerlo también desistan”. Y si bien no cabe duda que estas infracciones deben sancionarse ejemplarmente, la solución no parece agotarse en multas exorbitantes. Es necesario promover un cambio de chip en las empresas, a fin de que todos sus trabajadores entiendan las reglas de la competencia y se abstengan de prácticas como las aquí comentadas. 

Por ello, ha hecho muy bien el Indecopi en no quedarse solamente en la imposición de sanciones a las cadenas de farmacias, sino en ordenarles adicionalmente la ejecución de programas de cumplimiento (‘compliance’) –que incluyen sesiones de capacitación y la identificación y mitigación de riesgos– dirigidos, además de a directores y gerentes generales, a mandos medios, como gerentes de línea, jefes y hasta analistas de precios.

Visto por completo el caso, no se trata pues –como han insinuado algunos– de un problema originado por las fusiones previamente realizadas en el mercado de farmacias, sino de conductas lamentablemente frecuentes y que responden a una muy baja cultura de competencia en muchas empresas, fruto quizá de los pocos años que llevamos como economía de mercado y los muchos que acumulamos de intervencionismo y mercantilismo.

Por último, el caso muestra la importancia de fortalecer la tarea del Indecopi en la persecución de los cárteles –las infracciones más graves contra la libre competencia– en lugar de distraer recursos en tareas de dudosa necesidad y efectividad como el control de concentraciones. Si la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi contara con más recursos a su disposición, el caso de las farmacias no tendría que haber demorado 8 años para resolverse (ello, sin contar el tiempo que tomará la apelación en segunda instancia y el eventual trámite en el Poder Judicial).

Saquemos las lecciones correctas.