Editorial: Curul remendada

Al declarar infundado el recurso extraordinario presentado por Alejandro Yovera para evitar su desafuero, el Jurado Nacional de Elecciones culminó recientemente un largo proceso supuestamente reparador. Este, como se recordará, se había iniciado cuando el Poder Judicial condenó al –ahora ex– legislador por consignar información falsa en su hoja de vida y continuó cuando, tras múltiples dilaciones, el Consejo Directivo del Congreso finalmente cumplió con destituirlo.

Acto seguido, el martes pasado para ser precisos, el ente electoral entregó las credenciales requeridas para reemplazarlo a Karina Beteta: la postulante del mismo partido (Fuerza Popular) en la misma región (Huánuco), que más votación obtuvo después de él. Y en teoría, todos deberíamos estar satisfechos, porque se ha cambiado a un representante sobre el que pesa una sentencia judicial firme por alguien sobre quien solo pesarían esperanzas.

En la práctica, sin embargo, las cosas no se presentan de un modo tan amable. Para empezar, la señora Beteta está volviendo en realidad al Parlamento, pues en el 2006 lo hizo en la lista del partido Unión por el Perú (UPP), que en esos comicios sirvió de albergue al nacionalismo. Cinco años después, curiosamente, estuvo dispuesta a postular por una organización ubicada en las antípodas políticas de aquel –la fujimorista Fuerza Popular–, lo que no constituye una manifestación exacta de transfuguismo, pero se le parece bastante. 

Una vez en el Legislativo, además, ella acumuló méritos cuestionables. Los memoriosos han evocado, por ejemplo, que, en su condición de presidenta de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, concedió un galardón a Magaly Medina por su “labor emprendedora y representativa de la mujer peruana”. Y lo hizo sin contar con la aprobación del grupo de trabajo parlamentario que presidía y a solo semanas de que la periodista hubiera dejado la cárcel tras cumplir una condena por difamación. 

Nadie olvida tampoco su voto en la Comisión de Ética en contra de la suspensión de José Vega, acusado por la contratación irregular de la conviviente de su hijo en su despacho. O su vehemente defensa del ex congresista José Anaya, el recordado ‘Comepollo’, acusado de falsificar comprobantes de pago para acreditar sus gastos operativos en el Congreso y hoy condenado por la Sala Penal Especial. 

A todo esto hay que sumar las investigaciones por lavado de activos que la fiscalía inició en relación con ella en el 2009, debido a una presunta vinculación con el narcotráfico. Si bien la pesquisa fue archivada por el fiscal Luis Arellano Martínez –hoy investigado por sus vínculos con la red Orellana– y luego por la Cuarta Fiscalía Penal, tras la apelación de la Procuraduría Antidrogas, el caso se encuentra ahora en la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos a la espera de una nueva investigación.

Bien vista la situación, entonces, no se puede decir que el nivel general de la representación nacional haya mejorado sensiblemente con el cambio. La curul no ha sido reparada, sino apenas remendada. Y la pregunta que surge de inmediato es si esto es consecuencia de algún defecto del sistema electoral o pura desidia del partido concernido, que integró candidatos a sus listas sin preocuparse demasiado por su performance anterior o la reputación que los precedía.

En este Diario, hemos criticado con frecuencia la existencia de distritos electorales plurinominales en nuestro sistema, ya que esto supone que los partidos presenten varios candidatos en cada circunscripción y, con ello, que se les haga difícil a los votantes tener una percepción clara y distinta de las virtudes y defectos de cada uno de ellos.

Pero esto, que es minuciosamente cierto en un distrito electoral con más de 30 representantes como Lima, ya no resulta tan claro en el caso de Huánuco (la región por la que postularon Yovera y Beteta), que tiene solo tres congresistas. Con tan pocos integrantes, evidentemente, la lista es mucho más fácil de escudriñar para los electores.

La responsabilidad, por lo tanto, recae en este caso esencialmente sobre la organización política –esto es, sobre Fuerza Popular– y sus deficientes o inadecuados criterios de selección de candidatos, que permitieron que, en la referida región, de tres, dos fuesen los que conocemos.

Un persistente rumor sostiene en estos días que, en el 2016, uno de los recursos del fujimorismo para cambiar las imágenes negativas que arrastra del pasado será el nivel de exigencia con el que integrarán sus listas parlamentarias. Y la idea parece buena. Pero a la luz de lo que hemos visto en este caso, resulta claro que tienen un arduo trabajo por delante.