Defensa partida

Desde hace por lo menos un siglo se reconoce que la capacidad de los Estados para monopolizar y centralizar la fuerza dentro de su propio territorio es condición fundamental para su viabilidad. Las naciones donde las fuerzas del orden son incapaces de controlar efectivamente el terreno –de forma parcial o total– han perdido la piedra angular que permite orden y desarrollo.

Las autoridades peruanas no parecen estarse tomando demasiado en serio esta simple reflexión. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, iniciativas y comentarios ponen en entredicho la unidad de las fuerzas del orden dentro del territorio peruano. Esto es jugar con fuego. Si bien los errores de gestión en materia económica y social se pagan caro (y de estos ha habido varios), son los errores en materia de seguridad los que pueden poner rápidamente al país de rodillas.

Esta semana, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, señaló que los ronderos “surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente, desaparecieron los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer; ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras FF.AA. brindaran la misma seguridad a todo el país”. Sus comentarios se dieron a propósito del secuestro de un equipo periodístico del programa “Cuarto poder” por un grupo de ronderos de Cajamarca, y son una afrenta torpe e innecesaria a las instituciones y personas responsables de la seguridad del país. A través de un comunicado, las FF.AA. lamentaron “profundamente” las críticas de Torres, pues “desvirtúan la abnegada labor” que desempeñan sus integrantes. El jefe del Gabinete, finalmente, se vio forzado a pedir disculpas.

En general, el Gobierno ha demostrado carecer de una estrategia discernible en materia de seguridad. Varias de las ideas improvisadas han ido, justamente, en el camino de exceder las funciones de distintas instituciones, como en las propuestas para dotar de armas “no letales” a los miembros de los serenazgos municipales o para encargar parte de la seguridad ciudadana a las FF.AA. Como se recuerda, además, en el discurso de Fiestas Patrias de julio pasado, el presidente Pedro Castillo indicó que la Policía Nacional era insuficiente para combatir la inseguridad y que, por lo tanto, se debía expandir el sistema de las rondas. “A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existan estas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana […]. Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria”, mencionó entonces, haciendo caso omiso de las advertencias sobre los riesgos de crear grupos armados paralelos.

Por su lado, el Congreso tampoco mostró preocupación en este punto cuando el mes pasado aprobó, por insistencia, la ley que reconoce a los comités de autodefensa (CAD) y permite la entrega de armas a estos grupos por el Estado y privados. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la norma es “inaceptable” dentro de un Estado de derecho, dado que permite que organizaciones civiles tengan atribuciones que corresponden a la policía y las FF.AA. Expertos advierten que tal sistema podría abrir la puerta a una eventual paramilitarización.

Cuando desde estas páginas advertimos que algunas decisiones de las actuales autoridades públicas ponen en riesgo el futuro del país, quizá en ningún caso es esto más serio y evidente que en lo que respecta a grupos armados al margen de la ley. Poner en riesgo la estructura de seguridad de la nación por intereses, por ignorancia o por incompetencia es inaceptable, y cualquier tentativa en este sentido debe ser duramente criticada y rápidamente descartada.