Editorial: Defensor fuera del área

Uno de los atributos que más ha caracterizado a la Defensoría del Pueblo –y que probablemente explique, en buena medida, por qué es una de las pocas entidades bien estimadas por el público– es su vocación de continuidad. A diferencia de lo que se suele apreciar en algunas municipalidades, gobiernos regionales y ministerios, en los que se confunde el ingreso de una nueva gestión con el nacimiento de la institución, las diferentes personas que lideraron la Defensoría del Pueblo durante los últimos 20 años han procurado que la labor institucional trascienda a las personas que la capitaneaban.

Su nuevo titular, sin embargo, ha anunciado un nuevo enfoque para su gestión. “En los 20 años que tiene la Defensoría del Pueblo se ha puesto énfasis en la protección de los derechos fundamentales y constitucionales, está bien, pero ahora en un nuevo contexto se hace indispensable poner énfasis en la eficiencia de la administración pública y servicios”, afirmó en una entrevista el mismo día de su juramentación.

Incluso en entrevistas previas a su elección y también luego de ella, se vislumbraba cuál era el giro al que apuntaba Walter Gutiérrez: “Se ha puesto la tilde en la defensa de los derechos constitucionales tradicionales, pero hay que ampliar las competencias en defensa del consumidor”. Así también, las circunstancias que le parecían problemáticas y que, a su entender, ameritaban la intervención de la defensoría: “Me refiero a generar institucionalidad de consumo… Pagamos la medicina más cara, la telefonía más cara y son las más ineficientes. ¿Tenemos que estar felices por eso? ¿La defensoría tiene que ponerse de perfil frente a eso?”.

Quizá su experiencia a cargo de la comisión que elaboró el proyecto de Código de Consumo haya motivado al nuevo defensor del Pueblo a invadir terrenos ajenos, aunque ese ímpetu no haya venido acompañado de una claridad conceptual en la materia que tanto interés le despierta. 

Pues, por un lado, que un producto sea caro o barato nada tiene que ver con las normas de protección al consumidor, salvo, claro está, que el señor Gutiérrez crea –erróneamente– que la protección al consumidor tiene una vocación equivalente a la del control de precios. Como tampoco tiene que ver con el nivel de eficiencia de una empresa, lo cual únicamente tendría que favorecer o perjudicarla a ella y no a los consumidores. De forma más sencilla, la protección al consumidor tiene que ver con el respeto de los contratos. Es decir, que los proveedores cumplan con lo que informan y ofrecen a los consumidores. Una máxima tan sencilla, en la que ni el precio ni la (in)eficiencia de una empresa serán factores para legitimar un reclamo ni para condonar un incumplimiento.

Más importante aun, el nuevo defensor parece no tener claridad acerca de las fronteras de sus funciones, delimitadas por la Constitución y su ley orgánica: los derechos fundamentales de la persona, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. En tal sentido, su propuesta para intervenir en los derechos de los consumidores, significaría duplicar una tarea que ya ha sido confiada a otra entidad como el Indecopi, con el riesgo subsecuente de distraerlo de su verdadera función.

El defensor puede tener todo el empeño de querer “tocar el mercado” como él mismo ha señalado, pero ese es un partido que no le toca jugar a él. Más bien, antes que preocuparse por cruzar la media cancha y convertirse en goleador, debería asegurarse de no descuidar su área.