Editorial: Desniveles y coincidencias

El Poder Ejecutivo no juzga ni condena. El Poder Judicial no aprueba leyes. El Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto más allá de lo que ya está en el presupuesto público anual. Hay razones de fondo por las que en toda democracia funcional la separación de poderes opera así. El actual Congreso peruano, sin embargo, parece dispuesto a forzar y tensar los códigos.

Como se sabe, la semana pasada el Congreso aprobó una norma que nivela las pensiones de los militares y policías en retiro. La iniciativa legal modifica el polémico Decreto Legislativo 1133 –promulgado durante el gobierno anterior– que establecía que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que pasen a retiro luego de diciembre del 2012 recibirían una pensión que tomaría como referencia no solo el sueldo que percibían cuando estaban en actividad, sino que dicho monto se actualizaría con los futuros incrementos remunerativos aplicables al cargo que antes desempeñaban. La reciente modificación busca que aquellos retirados antes de esa fecha accedan también a la nivelación permanente de salarios. Un beneficio del que no goza ningún otro grupo de trabajadores en el país.

#Pleno del @Congreso aprobó ordenamiento de pensiones del personal de las #FFAA y #PNP. [Ver nota] ► https://t.co/H1eHjSjKp0 pic.twitter.com/NnNc2waJbm— Congreso del Perú (@congresoperu) May 4, 2017

La apabullante mayoría con que se aprobó la norma –nada menos que 98 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones– no debe ocultar, sin embargo, sus vicios económicos y constitucionales. Respecto de los primeros, es necesario recordar que –a diferencia de las pensiones en el régimen privado– las pensiones militares y policiales se financian con recursos públicos. Así, se estima que el forado fiscal de esta norma pensionaria ascendería a S/1.250 millones, equivalente a 1,5 veces el presupuesto total del programa Pensión 65.

El presidente Kuczynski hizo eco de esta preocupación al señalar al respecto que “hay un alto grado de irresponsabilidad porque se genera gasto en el Congreso sin coordinar con el Ejecutivo, la plata no es infinita”. El descontento del presidente Kuczynski es entendible, pero no deja de entrar en aparente contradicción con el candidato Kuczynski, quien en marzo del año pasado –apenas semana y media antes de las elecciones– indicó que “[hay] inequidades dependiendo de quién se jubila en qué momento con distintos sueldos. Podemos tener un coronel, un general, un almirante que se jubila en tal fecha, y el que se jubila dos meses después recibe una pensión mucho mayor. Allí también tenemos que igualar”.

Respecto de los vicios constitucionales de la norma aprobada, la primera disposición final y transitoria de la Carta Magna señala que “no se podrá prever en ellas [las nuevas reglas pensionarias] la nivelación de las pensiones con las remuneraciones”; es decir, justamente lo que la modificación del Congreso ha dispuesto. Además, como bien recordó Javier Neves, ex ministro de Trabajo, en este Diario el día de ayer, el mismo Tribunal Constitucional se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra de la nivelación de las pensiones con los salarios en actividad. Y es que, para todo efecto práctico, el texto legislativo aprobado nace del mismo espíritu populista y dispendioso que dio origen a la infame cédula viva.

Puestos a elegir entre la responsabilidad fiscal o el capital político que pueden aportar las familias militar y policial, los congresistas han elegido resonantemente lo segundo. Decíamos, pues, que sí existía alguna razón de fondo por la cual el Poder Legislativo no tenía iniciativa de gasto, razón que quizá queda sucinta y elegantemente resumida en la prudencial frase de la congresista Lourdes Alcorta al respecto: “Que el gobierno vea de dónde saca la plata”. En este punto, cualquier atisbo de visión estadista, queda claro, es pura coincidencia.