Editorial: Diccionario de autoridades

A través de un video colgado en las redes, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, divulgó este lunes un pronunciamiento en el que sentaba la posición de su partido sobre la forma en que el Estado, la prensa y la opinión pública deberían enfrentar la corrupción que han sacado a la luz los casos Lava Jato y Castillo de Arena.

Al Ministerio Público y al Poder Judicial les dedicó una invocación para que actúen con celeridad y apliquen las “medidas que correspondan”. A la prensa, la exhortó a informar con veracidad y sin apego a simpatías o intereses comerciales. Y a la opinión pública le advirtió que no se deje “confundir con psicosociales”. Todos, a decir verdad, pedidos o recomendaciones bastante previsibles y casi de rigor.

En donde la señora Fujimori sorprendió, sin embargo, fue en las demandas que le planteó al Ejecutivo y, en particular, al presidente Kuczynski. “No permita, usted en su calidad de jefe de Estado y dentro del marco de sus competencias, que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos. O, lo que es peor, que pretendan participar  en nuevas concesiones”, sentenció con firmeza... Pero olvidando quizás que el tipo de autoridad que le estaba atribuyendo al presidente de la República no corresponde a la que este efectivamente tiene en la realidad. Es decir, que no se encuentra precisamente “dentro del marco de sus competencias”.

Decisiones como las que le reclamó, en efecto, requieren una orden judicial, no un decreto supremo, por lo que deben provenir de un juez y no de un mandatario. Esa es una verdad elemental en un Estado de derecho. Pero como el común de los ciudadanos no suele tener ese discernimiento claro o presente, exigirle a una autoridad hacer algo que no está dentro de sus facultades puede reportar réditos políticos. Y, en última instancia, al alentar una figura extrajurídica, puede terminar favoreciendo a quien merece recibir todo el peso de la ley, pues lo hace lucir como la víctima de un abuso.

Puestos a jugar con las facultades y autoridades que competen a personas o instituciones, no obstante, la señora Fujimori ha sido prontamente secundada por otras lideresas políticas, pues, a raíz de su mensaje en las redes, Verónika Mendoza y Lourdes Alcorta han incurrido en la práctica inversa. Esto es, en la de negarle derechos o atribuciones a quien sí los tiene.

Concretamente, la ex candidata presidencial del Frente Amplio (FA) no demoró en colocar en su cuenta de Twitter una ‘respuesta’ al pronunciamiento fujimorista que decía: “¿Con qué autoridad un partido con prófugos y procesados por lavado de activos puede hablar de corrupción?”, mientras que la congresista de FP replicó que Mendoza “ha sido cómplice de un gobierno que ha sido corrupto” y que, por lo tanto, “no tiene autoridad moral ni siquiera para existir” (políticamente, según ha aclarado luego).

Lo cierto, empero, es que se trata de expresiones completamente efectistas, porque es evidente que nadie le puede quitar a un partido la autoridad para pronunciarse sobre lo que le parezca, ni a un individuo la que requiere para ‘existir’ políticamente.

A pesar de ello, el argumento de ‘tú que has tenido problemas con el tema X no tienes derecho a hablar sobre él o a desarrollar una acción que suponga combatirlo’ es un jarabe que los políticos de toda laya distribuyen con generosidad y largueza. Y que filtra de contrabando la premisa de que ellos sí gozan de la autoridad que le están negando al prójimo.

Por exceso o por defecto, entonces, resulta que con frecuencia los llamados a representarnos tratan de hacer circular entre nosotros monedas falsas sobre la legitimidad que ostentan sus adversarios para desarrollar una actividad similar a la suya, sin advertir que la única autoridad que termina mellada en el camino es la propia.