Editorial: El fin del recurso

Para varios, la salida que tuvo el conflicto alrededor del proyecto minero Tía María (Arequipa), en agosto pasado, fue apenas una estrategia con el objetivo de ganar tiempo mientras se construía un argumento para una solución más definitiva. Como se recuerda, luego de semanas convulsas que siguieron a la aprobación de la licencia de construcción del proyecto de Southern Perú, el Consejo de Minería -ente autónomo pero adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem)- suspendió su licencia de construcción por decisión unánime y de oficio. Los recursos de revisión fueron presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, y una asociación de trabajadores y accionistas de la azucarera Chucarapi.

Tras estos sucesos se conocieron, además, audios en los que el presidente Martín Vizcarra, en conversación con autoridades de la región Arequipa previo a la decisión del mencionado Consejo, adelantó una opinión a todas luces adversa al proyecto, prometiendoles que iba a “preparar el argumento” para su suspensión.

Pero todo plazo -para ganar tiempo o no- llega a su fin. Luego de escuchar a las partes en la última audiencia del 7 de octubre pasado, el Consejo de Minería decidirá la próxima semana si anula o se mantiene la licencia de construcción que emitió el Ejecutivo. Esta decisión, sea para un lado o para el otro, volverá a agitar las aguas en Arequipa.

Si bien es difícil anticipar el razonamiento que seguirá el Consejo de Minería en este caso, la certidumbre jurídica y los principios técnicos deben ser los criterios fundamentales en su pronunciamiento final. Así, y en la medida en que la suspensión no guardó mayor relación con los asuntos de fondo planteados en los recursos de revisión, será complicado justificar una decisión adversa a la licencia de construcción.

En el contexto de las manifestaciones y violencia desatada por radicales contrarios al proyecto, el auto de sala 014-2019-Minem -mediante el cual se levantó el permiso- indicaba que existía “riesgo de pérdida de vidas humanas, además de pérdidas económicas ya ocasionadas”, y que el inicio de la construcción de Tía María “podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación”, en referencia a un eventual escalamiento de los desmanes. Ello sirvió de base argumentativa para suspender la licencia. En simple, se suspendió porque había protestas violentas.

Los motivos del Consejo de Minería no pasaron, pues, por la solidez de los reclamos del Gobierno Regional de Arequipa ni de los otros recurrentes. Estos argumentan que Southern ha perdido derechos para la servidumbre en 49 hectáreas del terreno destinado al proyecto; que hay una superposición entre algunas zonas de uso minero con zonas ecológicas protegidas; que no existe autorización para el uso de agua de mar, entre otros puntos.

No debería hacer falta recordar que la licencia de construcción obtenida por Tía María de parte de la Dirección General de Minería del Minem fue solo un último paso administrativo luego de que la empresa hubiera ya cumplido con todas las exigencias legales, sociales y ambientales para llevar adelante la inversión. Si el Consejo de Minería encuentra que hay algún vicio real que justifique anular licencia, se debe proceder acorde. Sin embargo, una decisión adversa al proyecto que no esté sólidamente anclada en criterios técnicos marcaría posiblemente el fin de una inversión de US$1,400 millones, expondría al Perú a arbitrajes potencialmente muy costosos y difíciles de ganar, y enviaría un mensaje sumamente preocupante a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la seriedad del Estado de Derecho en el país.

En tiempos de desaceleración económica, tomar a la ligera la institucionalidad y predictibilidad que requiere la economía para generar empleo y reducir brechas entre los más vulnerables es ponerse la soga al cuello. Pues lo mínimo que se le puede pedir al gobierno es que sea capaz de hacer cumplir su propio ordenamiento jurídico.