Editorial: Especulen ustedes

La capacidad de este gobierno para crearse problemas innecesarios es pasmosa. Ayer nada más destacábamos en esta página la madurez con la que el presidente Humala permitió finalmente que el ‘impasse’ con Chile por el caso del espionaje a la Marina de Guerra del Perú se resolviese por la vía diplomática. Y sin embargo hoy debemos criticar la forma minuciosamente equívoca en que ha respondido a la pregunta de si una eventual negativa al pedido de facultades legislativas anunciado por el primer ministro Cateriano lo llevaría a disolver el Congreso.

Como se sabe, esa posibilidad ha sido constantemente barajada en la prensa y en la opinión pública en general desde la censura a la anterior presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Aunque existe cierta discusión al respecto, hay quienes opinan que ese trance constituiría una primera censura al Gabinete (y no solo a su primer ministro) y que, en esa medida, bastaría que Cateriano hiciera cuestión de confianza con respecto a la concesión de facultades y que esta no obtuviera el respaldo de la representación nacional, para que el presidente, en uso de la atribución del artículo 134 de la Constitución, pudiera cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

La circunstancia de que tal figura esté contemplada en la Constitución, sin embargo, no la hace automáticamente conveniente; y menos en este momento: disolver el Parlamento a 14 meses de terminar el gobierno para elegir a 130 nuevos legisladores cuyo mandato solo duraría hasta el 28 de julio del 2016 (porque en ese momento serían reemplazados por quienes hubiesen resultado ganadores en las elecciones generales del próximo año) provocaría una gran incertidumbre y abriría un prolongado paréntesis político que afectaría la vida institucional del país y también al ya golpeado crecimiento económico. Y tendría, además, el claro sabor de no ser otra cosa que una represalia por la censura a la anterior jefa del Gabinete.

Estas consideraciones son clamorosamente obvias y, en consecuencia, no pueden escapárseles al oficialismo. Pero lejos de curarse en salud negando de plano la posibilidad de que ese indeseable escenario vaya a hacerse realidad, sus representantes insinúan de diversas formas que la idea los entusiasma.

Lo hicieron, para empezar, la propia señora Jara y el congresista Santiago Gastañadui, en la sesión del 27 de abril, con su frustrada pretensión de que el voto de investidura a Cateriano y la aprobación de las facultades legislativas –que ni siquiera habían sido regularmente solicitadas– estuvieran atados, pues de esa manera complicaban la concreción de lo primero en un aparente afán de precipitar la temida crisis.   

Lo hizo después el legislador y hasta hace poco ministro de Justicia, Fredy Otárola, cuando señaló que la decisión de disolver o no el Congreso “se tomará en su momento”. Y también el vocero de la bancada nacionalista, Josué Gutiérrez, cuando declaró: “Si el Congreso se va a convertir en un impedimento o tranca para el desarrollo del país, mejor que se disuelva”.

Ninguna de esas intervenciones, no obstante, crea tanta zozobra como la que protagonizó el viernes último el presidente Humala. Interrogado por la prensa sobre la materia, el mandatario, en efecto, contestó con una ambigüedad que hizo recordar la que cultivaba tiempo atrás la primera dama cuando se le preguntaba si pensaba tentar la presidencia en el 2016. “Yo no haría ninguna especulación de eso. El Gabinete está unido”, sentenció enigmático. Para luego insistir: “Más allá de eso, yo no quiero especular”.

¿Pero puede acaso verdaderamente el jefe del Estado no tener claro lo que hará a propósito de un asunto tan importante si las facultades legislativas no son concedidas? ¿No habría sido lo sensato y lo responsable descartar, de una vez por todas, la posibilidad de que una medida tan disruptiva para el país sea adoptada en un contexto tan delicado? ¿No tendría que haberse impuesto el estadista al promotor de la pequeña revancha política en sus palabras?

La respuesta es evidente. Y sin embargo, el presidente optó por refugiarse en la oscuridad de la fórmula: “Yo no quiero especular”, a sabiendas de que lo que ocurriría entonces es que las especulaciones correrían por cuenta de quienes lo estaban escuchando. Es como si les hubiera dicho a los periodistas allí presentes y a todos los que luego conocerían a través de ellos sus declaraciones: “Especulen ustedes”. 

En los terrenos de la administración del poder, por lo que parece, la madurez es también un proceso lento y no exento de desconcertantes retrocesos.