Editorial: Un fracaso más

Hace menos de dos semanas saludamos en esta página la intención de la representación nacional de elegir, de una vez por todas, a una persona que ejerza la función de defensor del Pueblo cabal y oficialmente. Como se sabe, durante los últimos cinco años, el señor Eduardo Vega ha estado solamente encargado de la referida responsabilidad, y los sucesivos intentos del Congreso de acabar con esa situación incierta colisionaron siempre con la poca disposición de las diversas bancadas de anteponer el interés de hacerlo a los que figuran en su propia agenda política.

Por eso, nos pareció adecuado que, aun cuando estuviese por concluir su mandato, la actual conformación legislativa acometiese semejante tarea y buscase así mejorar en algo la imagen de escasa productividad que, de acuerdo con los sondeos de opinión, su gestión arrastra.

Sin embargo, como es de público conocimiento, las votaciones de la sesión plenaria del pasado 18 de mayo no condujeron a elección alguna. Ni el ya mencionado Eduardo Vega Luna ni el señor Gastón Soto Vallenas alcanzaron los 87 votos requeridos para obtener el nombramiento. El primero recogió 56 votos a favor, 6 en contra y 46 abstenciones; mientras que el segundo, 62 a favor, 6 en contra y 47 abstenciones. Es decir, en ambos casos faltaron no menos de 25 votos para llevar la elección a buen puerto. Y lo que se produjo fue, más bien, un enésimo maltrato de dos candidatos que, con prescindencia de las opiniones que cada quien guarde sobre su valía como hombres públicos, admitieron someterse una vez más al trance, persuadidos con toda probabilidad de que esta sería la definitiva. Así como también un manoseo a la institución que ambos aspiraban –y quizá todavía aspiren– a representar.

¿Tenía sentido, entonces, forzar una nueva votación en esta coyuntura? Pues, a la luz de lo ocurrido, no, porque la brecha de 25 votos faltantes era lo suficientemente vasta como para haber podido ser anticipada por quienes, desde la Mesa Directiva del Congreso y la junta de portavoces, impulsaban el proceso. Y el argumento esgrimido por más de una bancada en el sentido de que votarían por el candidato que tuviera ‘más respaldo’ no cambia las cosas, porque, en la medida en que no se consideró una segunda votación para ninguno de los dos postulantes, el único respaldo posible era el que pudiera materializarse en la primera votación.

Con el peso a cuestas de haber generado en la ciudadanía la expectativa de elegir por fin al defensor del Pueblo y fracasado en el intento, la representación nacional quiere ahora darse otra oportunidad, por lo que se ha convocado para este miércoles 25 a una reunión de la comisión encargada de evaluar a los postulantes a esa responsabilidad a fin de, eventualmente, precipitar una nueva votación. El titular del Congreso, Luis Iberico, ha ofrecido, además, que esto último solo tendrá lugar si las diferentes bancadas se comprometen públicamente a forjar un consenso alrededor de uno de los candidatos. Según ha dicho, eso “impedirá que se maltrate a personalidades que tienen un prestigio profesional”.

Pero la verdad es que se daba por supuesto que ese criterio estaba largamente establecido antes de la votación de la semana pasada y el país ha visto lo que pasó.

Si nada hace pensar que el entrampamiento entre los distintos sectores del Congreso vaya a disolverse en los próximos días, y aun cuando ello implique una mancha más en el ignominioso curriculum de esta conformación parlamentaria, sería mejor en realidad que los actuales legisladores dejasen ya esta tarea a quienes los sucederán a partir de julio próximo. Porque si el reciente fracaso ha ocasionado las consecuencias que mencionamos, es de imaginar las que acarrearía uno adicional.

Suficientemente maltrechas están ya las dos instituciones involucradas en este arduo procedimiento como para exponerlas a una nueva dosis de desprestigio.