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Editorial: El que grita va a Palacio

El cambio de posición del presidente sobre el diálogo con los huelguistas socava el principio de autoridad del gobierno.

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El Ministerio de Educación y los representantes de los sindicatos regionales de docentes de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima Provincias firmaron ayer un acta que contiene siete acuerdos. (Foto: El Comercio/Minedu)

El Ministerio de Educación y los representantes de los sindicatos de docentes de cuatro regiones firmaron ayer un acta de acuerdos en el marco de la huelga magisterial. (Foto: El Comercio/Minedu)

El Ministerio de Educación y los representantes de los sindicatos regionales de docentes de Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima Provincias firmaron ayer un acta que contiene siete acuerdos. (Foto: El Comercio/Minedu)

En una declaración difundida el martes, el presidente Kuczynski anunció que recibirá hoy en Palacio a “delegados de las distintas regiones del país” de los maestros en huelga “para escucharlos y explicarles al detalle” las acciones que el gobierno está tomando con relación a ellos. La única condición para asistir, reza el comunicado, es no haber “realizado actos de violencia”.

Esto en principio suena bien, pues el diálogo siempre es un mecanismo bienvenido en una democracia para la solución pacífica de los conflictos. Y si todos los que se van a sentar a la mesa tienen un certificado de buena conducta en lo que a la preservación de la paz y el orden público se refiere, los augurios para el desenlace afortunado de la negociación tendrían que ser abundantes.

Las cosas, sin embargo, no son en este caso tan sencillas, porque el anuncio presidencial de hace dos días vino a contramano de lo que el Ejecutivo había sostenido desde el principio de la huelga (que había detrás de ella sectores radicalizados y violentistas con los que no se podía dialogar ni se dialogaría). Pero también, y sobre todo, porque enviaba una vez más al país el mensaje de que las decisiones de esta administración no son firmes y que la grita en las calles y la quema de llantas pueden hacerlas retroceder en menos de lo que canta un gallo.

El gobierno, en efecto, había señalado ya la semana pasada que las concesiones al magisterio serían el adelanto a diciembre de este año del incremento del salario básico de los docentes a S/2.000 en la primera escala, así como la garantía de que ningún maestro pasaría por la evaluación de desempeño sin antes haber participado en un proceso de capacitación.

A los maestros que después de esto continuasen faltando a clases, advirtió la ministra de Educación, se les descontaría la porción correspondiente a su salario durante los tres primeros días (lunes, martes y miércoles de la presente semana) y luego sencillamente se los despediría por abandono del cargo.

Con respecto a la improcedencia del diálogo con los sectores radicales que desconocen la representatividad del Sutep, además, la propia ministra Martens y el titular del Interior, Carlos Basombrío, fueron recientemente muy tajantes. “Hay sindicatos, como el Conare, con los cuales no podemos conversar porque sí hay infiltraciones del Movadef”, aseveró ella en una entrevista del 26 de julio. Mientras que él, hace apenas cuatro días, dijo en televisión: “No vamos a tolerar, no existe posibilidad alguna, lo digo con toda claridad, de una negociación con esa gente [la del Conare-Movadef]. Ninguna. Cero”…

Pero bastó que esos sectores y sus seguidores continuasen con la huelga y sus turbulentas manifestaciones de protesta para que el presidente de pronto decidiera actuar como si los ministros no hubiesen hablado y les concediera lo que más querían: el estatus político de interlocutor del Estado (abriéndose, dicho sea de paso, un frente con el Sutep oficial que antes no tenía) y la aureola de ser quienes sometieron al Ejecutivo a fuerza de piedras y decibeles.

Y por si quedaban dudas acerca de la elasticidad del gobierno, fue anunciado ayer un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Educación y los sindicatos de docentes de cuatro regiones, incluyendo al Suter Cusco, representado por el señor Ernesto Meza Tica. No tanto por los términos del acta suscrita –que, además de las medidas previamente convenidas con los gobiernos regionales, incluía referencias a un ‘agenda pendiente’ y a la instalación de nuevas ‘mesas técnicas’ que ponen en duda la conclusión de este episodio–, sino por el dato de que el dirigente gremial que firmó el pacto y apareció en la foto con la ministra Martens era precisamente uno de los denunciados por el Ministerio del Interior por atentar contra la seguridad y tranquilidad pública hace menos de un mes.

Si ni siquiera el requisito mínimo de no haber “realizado actos de violencia” se ha cumplido en este caso, ¿qué hace pensar que el resto de términos convenidos –descuentos y despidos incluidos– serán realmente respetados?

Quién sabe; a lo mejor en este último aspecto el Ejecutivo se mantiene firme. Pero en cualquier caso, con la sola revocación de lo dispuesto originalmente por el gobierno sobre con quién se dialogaba y hasta cuándo, el principio de autoridad se ha socavado una vez más y el mensaje transmitido a cualquier otro sector con reclamos es pernicioso: el que grita sale en la foto y va a Palacio.

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