Editorial: La historia oficial

Las responsabilidades por la tragedia ocurrida hace nueve días en una discoteca de Los Olivos, con un saldo de 13 muertes, son múltiples. Es evidente que los organizadores de una actividad prohibida durante la emergencia y en un local que no tenía licencia para ello no pueden desentenderse de lo que su desacato a la ley ocasionó. Y lo mismo cabe decir, por cierto, de los asistentes.

Le toca también a la autoridad municipal del distrito, frente a cuyas narices esa y otras fiestas se produjeron a lo largo de varias semanas en esas mismas instalaciones, algo más que la “responsabilidad emocional” de la que ha hablado el alcalde Felipe Castillo. Pero es probable que eso no sea todo. La pregunta que quedó y queda todavía en el aire es si pudo existir también en la operación policial algún elemento que precipitara su fatal desenlace. Esto es, que las personas que quisieron salir del local se agolpasen en la escalera que conducía hacia la puerta y que, tras descubrir que estaba cerrada, continuasen empujándose hasta la asfixia.

La versión oficial de los hechos –es decir, la proporcionada por el capitán PNP José Amézquita, al mando de la operación, fue: “La puerta se encontraba abierta, pero con el tumulto de gente se cerró”. Las puertas, sin embargo, por lo general no se cierran solas. Puede ser que en un lugar ventoso tal cosa ocurra. Pero ese no es el caso del sitio donde se produjo la tragedia (y estamos hablando, además, de una pesada hoja de metal que solo puede empujarse o jalarse con esfuerzo), de manera que esa puerta fue cerrada por alguien. Y no parece lógico que ese alguien fuera uno de los que estaban tratando de huir del local.

A partir de las imágenes de los videos que se conocieron inmediatamente después de los hechos, sin embargo, era imposible establecer los acontecimientos con precisión. Pero este fin de semana se han conocido otras filmaciones que arrojan una luz inquietante sobre lo sucedido; sobre todo, porque contradicen la mencionada versión oficial.

Por un lado, han aparecido registros previos a la irrupción de la gente que fatalmente se apiñó en la escalera, y en ellos se ve nítidamente que, si bien la puerta estaba entreabierta al empezar la operación, luego fue cerrada y un efectivo policial se colocó delante de ella: una imagen que sugiere que la estaba resguardando. Y por otro, han salido también a la luz tomas en las que, poco después del luctuoso episodio, un sospechoso personaje se acerca al dispositivo que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad del local, sin que los efectivos policiales que todavía se encontraban en el lugar se lo impidiesen. Hablamos de un dispositivo que, según se supo luego, fue misteriosamente arrancado de cuajo.

La impresión que eso deja, por cierto, es la de un interés por deshacerse de tomas que pudiesen apuntar hacia responsabilidades adicionales a las ya señaladas arriba.

Las reacciones iniciales de las autoridades del Gobierno a la nueva información que aportan estos videos han ido cambiando a lo largo de las horas. Si primero el general Máximo Ramírez, asesor de la subcomandancia general de la PNP, trató de hacer disquisiciones sobre si la puerta estaba cerrada o solo “junta”, en un intento por validar la versión oficial, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el titular de Defensa, Jorge Chávez, salieron después a prestar declaraciones en un tono distinto. “Si el jefe del operativo no se ha apegado a la verdad, eso no puede ser aceptado”, ha dicho expresamente el primer ministro.

El ministro del Interior, Jorge Montoya, por otra parte, debe presentarse hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar explicaciones sobre la operación y su fatídico saldo. Es de esperar, por supuesto, que esas explicaciones sirvan para reconstruir una versión veraz –y no acomodada a los intereses oficiales– de los hechos. Pero si las cosas son como todo sugiere, lo siguiente deberá ser la asunción de responsabilidades políticas en el Ejecutivo.