Editorial: La productividad y la tierra

La carretera Panamericana Sur amaneció bloqueada ayer en la madrugada. Grupos de manifestantes tomaron la vía para exigir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, extendida hasta el 2031 mediante el Decreto de Urgencia 043-2019, promulgado por la administración de Martín Vizcarra. En aquella extensión se realizaron algunas modificaciones como la ampliación del período de vacaciones, el incremento del jornal y del pago por despido arbitrario, y el aumento del aporte a Essalud.

Pero la protesta ha capturado la atención nacional y ha vuelto a abrir el debate respecto del régimen especial del sector agrario. Como toda norma, esta es perfectible y puede ser constantemente mejorada, como sucedió recientemente. Sin embargo, para modificar cualquier régimen se debe partir por entender sus efectos durante los últimos años.

La agroexportación, como hemos mencionado antes en estas páginas, ha sido una de las grandes historias de éxito económico de las últimas décadas. Entre los motivos que explican su despegue están los grandes proyectos de irrigación, la integración comercial del Perú con el resto del mundo y la creciente demanda global por productos frescos. En este contexto, el régimen agrario fue instrumental para aprovechar las ventajas con las que el país contaba y atraer inversiones que conviertan los desiertos en enormes valles productivos. Su principal característica, de hecho, no fue mucho de lo que hoy está en discusión, sino la posibilidad de adecuarse a la demanda estacional de trabajo de la actividad.

Con este marco, desde el 2005 las exportaciones agropecuarias no tradicionales pasaron de poco más de US$1.000 millones a US$6.302 millones durante el 2019. El Perú se convirtió así en unos de los primeros exportadores globales de paltas, espárragos, uvas y, recientemente, arándanos. Todo ello motivo de orgullo nacional.

Desde el lado de los trabajadores las mejoras también han sido relevantes. El régimen agrario garantiza una remuneración mínima vital (RMV) similar a la del régimen general, y los sueldos promedio son significativamente mayores, lo que se explica por la explosión productiva del sector. De acuerdo con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la remuneración integral diaria del régimen agrario, que asciende a S/39,19 e incluye los conceptos de gratificaciones y CTS, llega a un pago anual cercano al del régimen general. Sin embargo, en el 2019 el ingreso promedio de los trabajadores formales en el sector ascendió a S/1.543, muy por encima de la RMV de S/930. En Ica, epicentro de la reciente protesta y también una de las regiones más beneficiadas por el ‘boom’ agroexportador, el ingreso promedio mensual en soles del 2019 del trabajador agrario pasó de S/759 en el 2004 a S/1.317 en el 2019. Asimismo, el régimen en cuestión es básicamente el único espacio de formalidad en un sector en el que el 96% de la PEA es informal.

Nada de esto implica, por supuesto, pasar por agua tibia eventuales casos de abusos o malas prácticas de empresarios inescrupulosos. Como en cualquier sector, los derechos de los trabajadores deben ser respetados y defendidos, y corresponde a las autoridades laborales garantizar el cumplimiento de las normas.

Implica, sí, que el debate sobre una eventual modificación en el régimen agrario debe darse de forma responsable, reconociendo los enormes avances a la fecha, y sin violencia. La Comisión Agraria del Congreso ha puesto en agenda hoy una sesión extraordinaria cuyo fin es conformar un grupo de trabajo para “analizar y evaluar el marco constitucional” del decreto de urgencia que prorrogó el régimen. Tener a la mano los hechos, y no narrativas que en ocasiones responden a otros intereses, es la condición fundamental para empezar a discutir.