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Editorial: En legítima defensa

El proyecto del congresista Eguren permitiría un mejor control de las armas y una mayor protección a los ciudadanos

Redacción

Editorial: En legítima defensa

Editorial: En legítima defensa

Entre tantas noticias de tiroteos, asesinatos e inseguridad, es grato encontrar una buena iniciativa para facilitar que los ciudadanos ejerzan su derecho a la legítima defensa. Nos referimos en esta oportunidad a un proyecto de ley presentado por el congresista Juan Carlos Eguren, para regular las armas de fuego de uso civil.

Este proyecto, en primer lugar, busca fomentar la formalidad entre los tenedores de armas. Para eso, propone modificar una serie de contraproducentes prohibiciones que hoy existen. Por ejemplo, actualmente se establece que ciertos tipos de armas no pueden ser propiedad de civiles, a pesar de que no existe ninguna justificación técnica para esto. Esta situación solo lleva a que las personas las adquieran en el mercado negro o a que vean limitadas sus posibilidades de protegerse a sí mismas. Igual de inexplicable es la prohibición de que los individuos puedan tener más de dos armas, ya que no se entiende por qué una persona que cumple los requisitos para portarlas debería tener este límite. 

Otra de las maneras en las que la iniciativa intenta desincentivar la informalidad es aligerando el trámite que implica adquirir una licencia de uso, al proponer ampliar su plazo de vigencia de un año a cinco años. También propone que, al margen de la licencia de uso, se cree una tarjeta de propiedad de cada arma de fuego que además no caduque, para llevar un mejor registro de las mismas y sortear una de las razones por las que se dejan de renovar las licencias: muchos compran armas solo para tenerlas en casa, y al no portarlas consideran innecesario hacer el trámite. 

Asimismo, el proyecto plantea que las armas usadas se puedan vender en tiendas autorizadas. Hoy en día esta venta puede hacerse solo entre propietarios y dificulta que las personas puedan acceder a armas para su propia defensa o fomenta que lo hagan de manera informal.

La iniciativa pretende también recuperar el control de las armas que son propiedad de policías y militares para su uso personal (un grupo particularmente importante, si consideramos que, según el congresista Eguren, el 60% de las armas civiles está en manos de estas autoridades, ya sea en actividad o en retiro). Como explica Rodrigo López, presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego, actualmente muchos policías y militares, luego de comprar sus armas, las registran en sus instituciones y nunca vuelven a renovar las licencias que originalmente les otorgó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Así, se les pierde el rastro y eso facilita que ingresen al mercado negro o que terminen siendo puestas en manos de delincuentes. El proyecto persigue acabar con este tratamiento diferenciado al establecer que estas armas también sean registradas en la Sucamec y se rijan por la nueva norma.

Finalmente, con esta norma se pretende que haya un control adecuado de las personas que quieran acceder a armas. Para eso, quien solicite una licencia para usar armas deberá pasar no solo un examen psicológico, sino también por una capacitación previa que comprenda el entrenamiento en el uso de las armas y en las normas que lo regulan. Y también para eso se propone la creación de un Registro Nacional de Usuarios Inhabilitados, en el que aparezca toda persona que haya tenido una sentencia judicial firme por cometer delitos contra la vida o la integridad o que haya sido condenada por terrorismo o narcotráfico (incluso si ya no se encuentra en el registro judicial ni penal por haber cumplido su sentencia), lo que hará posible impedir que estas adquieran licencia para el porte y uso de armas.

Durante este gobierno el número de personas que ha denunciado delitos violentos ha aumentado en 37% y, según el mismo ministro del Interior, este es un problema que no se solucionará en el futuro cercano. En estas circunstancias, es vergonzoso que el propio Estado dificulte que los individuos se procuren a sí mismos la protección que él se muestra incapaz de otorgarles. El proyecto en cuestión sería una manera de detener esta injusticia.

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