"En temas procedimentales, los partidos no han sido capaces de cumplir requisitos formales que –apropiadamente o no– exigían las autoridades electorales (copias, actas, licencias, cumplimiento de cronograma, etc.)".(Foto: GEC)
"En temas procedimentales, los partidos no han sido capaces de cumplir requisitos formales que –apropiadamente o no– exigían las autoridades electorales (copias, actas, licencias, cumplimiento de cronograma, etc.)".(Foto: GEC)
Editorial El Comercio

Es normal que cualquier proceso complejo que no disponga de suficiente tiempo de planeación presentará dudas y limitaciones. Algunas decisiones se tendrán que tomar sobre la marcha y la predictibilidad del sistema será poco robusta.

Esa reflexión general, sin embargo, difícilmente puede justificar los niveles regulares de improvisación que afectan los procesos electorales en el Perú. Y si normalmente la regulación y organización de los comicios vienen con una cuota de sorpresas de parte de las autoridades electorales y de los propios partidos, en estas adelantadas los espacios para impredictibilidad se multiplican.

A dos meses de las elecciones, la inscripción de las listas sigue siendo una incógnita. Hoy es el último día para subsanar observaciones de inadmisibilidad ante los jurados electorales especiales (JEE). Hasta ayer, según informó este Diario, solo el 2% de las listas ha logrado su inscripción oficial –es decir, pasaron el período de tacha sin observaciones–. Asimismo, 38% de las listas había entrado a período de tacha.


Los errores y observaciones son variados. Por ejemplo, en el Partido Morado, se declararon improcedentes varias candidaturas, incluyendo las de los excongresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa, por haber sido designadas fuera del plazo reglamentario. Luego de que otros candidatos fallaran en la presentación de renuncias o licencias, la lista morada en general fue declarada inadmisible por el JEE.

En Solidaridad Nacional, la propuesta electoral corrió la misma suerte. Según el JEE de Lima Centro, Rosa Bartra y Nelly Cuadros, candidatas que encabezan la lista ‘solidaria’ para Lima e integrantes de la Comisión Permanente, no consignaron el pedido de licencia sin goce de haber (con ese criterio de exclusión, sin embargo, no queda claro qué pasaría con el funcionamiento de la Comisión Permanente si, en un caso hipotético, todos sus miembros decidiesen, legítimamente, participar de estos comicios). Otras observaciones incluyen, por ejemplo, la falta de presentación del acta de la elección de candidatos.

El caso de Unión por el Perú también llamó la atención. La candidatura de Antauro Humala fue, previsiblemente, observada debido a que el hermano del expresidente cumple una condena de 19 años de prisión.

En general, las causas de las observaciones son variadas. Ello responde, en parte, a que los criterios de los propios JEE pueden caer en excesivos formalismos y arbitrariedades, sobre todo en un proceso extraordinario como este. No obstante, el motivo principal es el desorden institucional que prevalece, de largo, en los nacionales. Son nada menos que 512 listas presentadas con más de 3.000 candidatos en 26 JEE. A todas luces, las listas han sido armadas de forma improvisada y para la gran mayoría de partidos resulta casi imposible encontrar un hilo común entre sus candidatos. La falta de trabajo partidario durante las últimas décadas ha sido expuesta claramente en este proceso.


En temas procedimentales, los partidos no han sido capaces de cumplir requisitos formales que –apropiadamente o no– exigían las autoridades electorales (copias, actas, licencias, cumplimiento de cronograma, etc.). En asuntos más de fondo, la pobre y casi espontánea selección de candidatos en varias agrupaciones –incluyendo a no pocos con causas pendientes ante la justicia– arriesga deteriorar aún más la alicaída imagen institucional del Congreso. Con este panorama, la cuota de optimismo deberá venir por la demanda electoral más que por la oferta: al margen de todo lo anterior, serán finalmente los electores los que decidirán quiénes merecen una oportunidad en el Congreso que trabajará hasta el 2021.