Editorial: Mordaza estacional

El 7 de junio pasado, el programa “Panorama” presentó una investigación periodística en la que vinculaba tres cuentas bancarias existentes en Suiza con la primera dama Nadine Heredia a partir de unos supuestos correos electrónicos intercambiados entre ella y una de las hermanas del presidente Ollanta Humala. Tras el revuelo causado por la noticia y ante preguntas expresas de determinados medios, la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, declaró que la oficina a su cargo podría investigar los documentos presentados por el programa dominical.

Sus palabras, no obstante la cautela que exudaban, fueron mal recibidas por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) –presidido por el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén–. Como ha revelado la señora Príncipe el último domingo, este organismo le remitió poco después un oficio en el que indicaban que habría incurrido en una inconducta funcional sancionable. Se le solicitaba, concretamente, brindar explicaciones al consejo por haber prestado declaraciones a medios de comunicación sin contar con la debida autorización.

Lo ocurrido, como se sabe, ha motivado que diversas voces de la oposición se alcen para protestar por el intento de amordazamiento que esta reconvención supondría por haber sido planteada justo cuando se proponía investigar a la señora Heredia, pero el CDJE ha respondido aseverando que su demanda se ampara en una norma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Sucede que en un decreto supremo emitido en el 2008 se estableció efectivamente que, para declarar a medios de comunicación, es necesario, primero, que los procuradores cuenten con la autorización expresa del titular de la entidad de la cual dependen y, luego, que informen al CDJE para que apruebe la declaración que piensan brindar. Y con ese respaldo, el ministro de Justicia se animó a decir sobre este caso que “la defensa del Estado no es vedetismo” y que no se está buscando silenciar a los procuradores sino cumplir con la ley.

Todo bien hasta ahí, pero para descartar que en este trance estemos hablando en efecto de algún tipo de mordaza, hace falta responder a dos preguntas más. Por un lado, ¿es legítima una disposición que les impone las referidas restricciones a los procuradores en su comunicación con la prensa? Y, por otro, si la norma existía hace tanto tiempo, ¿por qué solo ahora la sacan a relucir?

En cuanto a lo primero, parece claro que, mientras más transparente sea una investigación, más probabilidades tiene de llegar a buen puerto; máxime cuando la prensa puede aportar elementos de juicio que los investigadores oficiales no tienen a la vista, como tantas veces ha sucedido. Además, cuando se trata de personajes o temas públicos que son materia de investigación, la publicidad de los hallazgos de los procuradores –cuando están bien fundados– los ayuda a defenderse de las eventuales presiones del poder.

Y en lo que concierne a lo segundo, es evidente que la severidad exhibida en esta oportunidad por el CDJE es inconsistente con las libertades otorgadas en otras. Para comprobarlo, basta recordar, por ejemplo, la constante presencia mediática que desplegaron ex procuradores a  principios de este gobierno. ¿Fueron acaso sus múltiples intervenciones a propósito de las investigaciones a Alejandro Toledo, Alan García o el fujimorismo consultadas antes con el consejo?

Resulta, entonces, que tenemos una norma que funciona como mordaza y que, adicionalmente, solo se aplica de modo estacional; esto es, cuando la materia comunicada a la prensa tiene que ver con una investigación incómoda para el gobierno.

No en vano la señora Príncipe ha señalado que, en sus 12 años en la Procuraduría de Lavado de Activos, esta es la primera vez que le apuntan la supuesta inconducta funcional, y ha recordado también que nadie le llamó la atención por sus intervenciones ante los medios a propósito de los casos Orellana o Ecoteva.

La procuradora ha tenido, además, el buen tino de hacer notar que ella es abogada del Estado y no del gobierno de turno, con lo cual ha puesto a sus censores en general contra las cuerdas; y al ministro Adrianzén, en particular, en camino a una eventual interpelación. Pero quizá, por una vez, el gobierno podría reaccionar antes de que el problema le explote en las manos y desactivar definitivamente esta mordaza estacional que solo le atrae suspicacias y esa imagen, que tanto daño le está haciendo, de ser una administración reñida con cualquier tipo de fiscalización.