Editorial: Remos pesados

La semana pasada reportamos una situación muy preocupante: la productividad del trabajador peruano se encuentra entre las más bajas de la región. Mientras que en el Perú la producción mensual de un trabajador alcanza los US$1.048, en Ecuador, por ejemplo, esta llega a US$1.281, en Colombia a US$1.366, en Brasil a US$1.566, en México a US$2.051 y en Chile a US$2.769. Solo nos encontramos mejor que Guatemala y Bolivia, cuyos trabajadores producen mensualmente US$699 y US$356, respectivamente. 

La productividad del trabajo, para decirlo en sencillo, puede ser vista como la fuerza que tiene nuestra mano de obra para impulsar los remos de la nave del desarrollo. Teniendo en cuenta que nuestra economía, pese a nuestra baja productividad, ha logrado crecer más que las de la mayoría del resto de países de América Latina, ¿se imagina, señor lector, qué tanto más podríamos haber avanzado si nuestros trabajadores pudiesen remar tan fuerte como los productivos trabajadores chilenos? 

La mayoría de especialistas se encuentra de acuerdo con que uno de los principales factores que explican la baja productividad peruana es la falta de educación de nuestros trabajadores. Es decir, si el Estado encontrase vías de lograr que la mano de obra pudiese capacitarse más y mejor en aquellos conocimientos que demanda el mercado, podría darle un importante impulso al crecimiento del país. Sin embargo, desgraciadamente, el Estado parece que se esfuerza por hacer todo lo contrario, ya que en los últimos años no ha hecho más que poner trabas al desarrollo de centros educativos en todos los niveles.

Empecemos viendo lo que sucede con la educación primaria y secundaria. En lo que va de este gobierno, no ha habido ninguna reforma importante en este sector. Por el contrario, se retrocedió lo que el gobierno anterior había avanzado en la reforma de la carrera magisterial. Y, para colmo se sigue manteniendo una serie de normas que dificultan el funcionamiento de los centros educativos privados. Por ejemplo, bajo la absurda creencia de que existe un solo modelo educativo correcto (el que escoge la burocracia), el Estado controla restrictivamente qué deben enseñar los colegios, dificultando así el surgimiento de diferentes programas educativos que compitan entre ellos y que se enfoquen en satisfacer las necesidades de cada distinta localidad o grupo de estudiantes. Asimismo, por ley se restringen las posibilidades de los colegios de cobrar las deudas a los padres morosos, elevando así sus costos financieros e incrementando el riesgo de operar o incursionar en el negocio de la educación. Y, por citar otro ejemplo, se ha prohibido a los colegios tomar exámenes de ingreso para determinar si la institución es adecuada para el niño, lo que lleva a que estudiantes con distintas necesidades educativas terminen siendo formados bajo el mismo modelo de enseñanza, para perjuicio de todo el grupo.

En lo que toca a la educación tecnológica superior, sucede algo similar. La aprobación de una nueva carrera, debido a la burocracia del Ministerio de Educación, demora alrededor de dos años. Esta, además, tiene que regirse por los contenidos predeterminados por el gobierno, lo que, al igual que con los colegios, dificulta a los institutos ajustarse a lo que demandan los empleadores. Asimismo, se prohíbe fundar filiales, impidiendo así que el conocimiento de aquellas instituciones exitosas pueda ser aprovechado en otras localidades.

Finalmente, como si existiese la deliberada intención de arruinar el sistema educativo en todos sus extremos, hace dos años se prohibió la creación de nuevas universidades por cinco años, restringiendo así el ingreso de nuevos competidores que podrían satisfacer mejor las exigencias de empleadores que necesitan de personal mejor capacitado. Para colmo, la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado el dictamen de un proyecto de ley que permitiría que el gobierno intervenga en las universidades de forma muy parecida a la que interviene hoy en la educación escolar y superior técnica. Y de la misma manera, habría que esperar que, si se aprueba el proyecto, el gobierno tendiese a unificar en la mediocridad al sistema universitario, como lo ha hecho con colegios e institutos.

El Estado debería estar facilitando que los trabajadores peruanos remen más fuerte. Pero lo único que hace es volver sus remos más pesados.