(Foto: Presidencia)
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Editorial El Comercio

Varias cosas del 28 de julio del año pasado se repitieron ayer: el llamado a la cohesión de una sola república “firme y feliz por la unión” con el que terminó su discurso ante el , la visión de convertir el Perú en un país moderno, el compromiso de garantizar un mayor acceso a los servicios de agua y saneamiento a la población, y hasta los pasos de baile del jefe de Estado en su tránsito peatonal hacia el hemiciclo.

Pero habida cuenta de que el primer año de gobierno no cumplió con las expectativas que despertó el mensaje inaugural de su administración, eran más los nuevos pasos que los ya conocidos los que se esperaban del presidente Kuczynski en esta ocasión.

La evaluación del mandatario de varios de los principales desafíos que enfrenta el país fue la correcta. El ritmo de crecimiento económico inferior al 3% –como se proyecta para el 2017– es inadecuado para un país emergente como el Perú, que debería generar al menos 300.000 puestos de trabajo al año y que aún tiene a más del 20% de su población debajo de la línea de pobreza. Y nuestro mercado de trabajo, ciertamente, está caracterizado por su alta informalidad (que alcanza a más del 70% de la población laboral) y baja productividad. Un repaso de enfermedades antiguas que no vino acompañado, sin embargo, por nuevas recetas.

En el ámbito laboral, por ejemplo, el proyecto de ley anunciado ayer para mejorar el sistema de inspecciones a cargo de la Sunafil resulta a todas luces insuficiente para fomentar el empleo formal y soslaya problemas más neurálgicos como la inflexibilidad para el despido de trabajadores, las limitaciones para el aprovechamiento de esquemas de contratación más eficientes (jornadas parciales, contratos temporales y trabajo a distancia) y los diversos sobrecostos incluidos en uno de los 10 regímenes laborales más rígidos del planeta, según el ránking del Foro Económico Mundial 2016-2017.

Tampoco hubo algún anuncio especial respecto del fomento de la inversión privada –principal motor de la economía nacional pero en caída sostenida desde hace 14 trimestres–, más allá de la confianza en el destrabe y despegue de grandes obras de infraestructura y la ejecución de algunos proyectos mineros en los próximos 18 meses. La única política pública concreta en este aspecto fue la del proyecto de ley presentado para agilizar el acceso a inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura –una iniciativa similar al Decreto Legislativo 1333 irracionalmente derogado en la legislatura pasada–. Es cierto que el contexto económico actual es más favorable –gracias al destrabe de dos grandes proyectos (la línea 2 del metro de Lima y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez) y la subida del precio internacional de los minerales–, pero no apostar por nuevas medidas económicas puede ser un exceso de optimismo poco saludable.

En el ámbito político, hubiera sido aconsejable también mayores gestos hacia las tiendas de oposición, en particular, Fuerza Popular. No solo porque requerirá de su colaboración en el Legislativo sino porque el ambiente de encrespamiento político que reinó durante el último año genera inestabilidad e impredictibilidad en la ciudadanía.

Sería mezquino obviar los avances del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia, así como la decisión de abordar en el mensaje presidencial importantes temas que habían quedado relegados durante el primer año de gobierno. La necesidad de una autoridad del transporte urbano para Lima y Callao es impostergable para sus más de 10 millones de habitantes, así como la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los organismos más importantes del sistema de justicia y también de los más cuestionados. Y dado que en el actual Congreso ya se han presentado algunas iniciativas legislativas en dichas materias, es de esperar que los nuevos planteamientos gubernamentales sean prontamente debatidos por la representación nacional.

Con un diagnóstico correcto sobre los problemas que enfrenta el país y con escasas pero, al parecer, bien encaminadas propuestas en algunos temas como el del transporte capitalino o el del mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, cabe preguntarse, entonces, por qué la administración de Kuczynski desaprovechó la oportunidad para postular reformas más audaces en asuntos tanto o más trascendentales.

La respuesta la tienen el propio presidente y su equipo ministerial. Pero solo cabe esperar que las omisiones del discurso de ayer no se traduzcan mañana en vacíos de su gobierno.