Editorial: Si ya saben cómo me pongo…

El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció ayer que la bancada de Acción Popular (AP), a la que él pertenece, se dispone a presentar un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 130 de la Carta Magna y “suprimir la cuestión de confianza que debe plantear el Consejo de Ministros cuando inicia su gestión”. Según señaló, el hecho de que el jefe del Estado le dé la confianza al Gabinete que se estrena es una decisión “de su absoluta responsabilidad” y, se entiende, debería ser suficiente. En lugar del procedimiento actualmente existente, Merino sugirió una metodología que permita tener, en un plazo de 30 días después de su designación, a los flamantes equipos ministeriales en una estación de preguntas en el Congreso, con tiempos limitados para las intervenciones.

El titular del Parlamento sostuvo también que la iniciativa tendría por objeto evitar lo que ocurrió hace poco con el Gabinete encabezado por Pedro Cateriano. Como se sabe, el anterior presidente del Consejo de Ministros compareció a principios de este mes ante la representación nacional para solicitar precisamente el voto de confianza que ahora AP busca suprimir, y no lo consiguió. Una circunstancia que determinó que el presidente Martín Vizcarra tuviese que nombrar rápidamente a un sucesor y reestructurar buena parte del Gabinete que lo acompañaba. La nueva fórmula le permitió cosechar el respaldo antes negado.

Cabe anotar que en el episodio cuya repetición el proyecto de AP aspiraría a impedir, los legisladores de esa bancada votaron de manera dividida: 4 lo hicieron a favor, 7 en contra y 12 se abstuvieron. De manera que participaron en la gestación del resultado que ahora, aparentemente, juzgan indeseable. Abonan esa paradoja, además, las declaraciones que el vocero de la bancada, el congresista Otto Guibovich, y el propio Merino ofrecieron inmediatamente después de la referida denegación de confianza.

Mientras Guibovich apuntó: “Para mí y mi bancada, no haber definido claramente una nueva estrategia para combatir la pandemia ha tenido impacto directo en nuestra decisión”, Merino sentenció: “[El presidente] ha expuesto a Cateriano para que, en conjunto con todos sus allegados, estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitir”. Observaciones de las que se sigue que, en esa ocasión, los miembros de la bancada actuaron como lo hicieron persuadidos de que hacían lo adecuado.

Ahora, sin embargo, daría la impresión de que los integrantes del equipo parlamentario de AP quisieran ser salvados de sí mismos, pues de alguna forma están pidiendo que la prerrogativa que antes usaron les sea retirada o deje de estar a su alcance. La situación es tan absurda que hace recordar la historia del fulano que, pasado de copas, es retirado a la fuerza de una fiesta y, mientras es conducido a la puerta, alega: “¡Si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan!”.

¿Nos están diciendo acaso que, aunque consideran la posibilidad de negarle la confianza a un gabinete una facultad perniciosa, puestos eventualmente ante la tentación de ejercerla de nuevo serían incapaces de contenerse?

El problema, por supuesto, no radica en el instrumento de control político que el proyecto busca desactivar. Ese instrumento fue colocado en la Constitución como un elemento de contrapeso en el equilibrio de poderes que da sentido a todo sistema democrático. El problema, como es lógico, está más bien en quienes lo usan de manera frívola y luego no quieren hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones.

Por eso, en lugar de plantear reformas constitucionales que les impidan hacer otra vez aquello que aparentemente hicieron hace poco con convicción, los congresistas de AP deberían aprovechar lo ocurrido para reflexionar sobre la responsabilidad que los votantes pusieron en sus manos meses atrás y acometer sus tareas de representación, legislación y fiscalización con algo más que el arrebato momentáneo por lucir draconianos en materias que ni siquiera se toman el trabajo de conocer previamente bien.