Editorial: Tachados

A inicios de marzo del 2016 y a un mes de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó a los candidatos presidenciales César Acuña y Julio Guzmán. Este último figuraba en el segundo puesto de las preferencias ciudadanas según las encuestas del momento, y fue retirado de la contienda por incumplir normas de democracia interna. En tanto, el líder de Alianza para el Progreso (APP), que iba en la cuarta posición según sondeos, infringió la Ley de Organizaciones Políticas al entregar dádivas en Piura y Chosica, de acuerdo con la resolución del JNE. El resultado final de estas exclusiones fue que casi un cuarto de los ciudadanos quedó impedido de votar por el candidato que entonces gozaba de su preferencia.

Mucho ha sucedido desde aquel momento, pero aparentemente no lo suficiente como para sacar lecciones y evitar que el proceso se repita. La semana pasada, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) excluyó –nuevamente– a César Acuña por no consignar un inmueble en su hoja de vida. APP apelará la decisión ante el JNE, pero es muy posible que el exgobernador regional de La Libertad quede fuera de la carrera por Palacio de Gobierno. De acuerdo con el presidente del JEE, Luis Carrasco, no es factible subsanar la falta en esta etapa. “Ya no se puede, no es norma lírica; sino una norma específica”, dijo a este Diario.

No deja de ser sorprendente que un partido con la trayectoria, los recursos, y la capacidad organizativa de APP pueda cometer un error de este tipo. La campaña anterior –tacha incluida– debió servir para pulir los procesos administrativos necesarios y evitar traspiés absurdos.

Pero las lecciones del 2016 no son solo para APP y otros partidos con problemas de inscripción. A estas alturas debería ser obvio que existe una enorme desconexión entre el marco legislativo electoral y las necesidades del sistema político. Un asunto administrativo que debería ser perfectamente subsanable no debería convertirse en causal de una medida tan drástica como la exclusión de una candidatura presidencial. La prioridad de las autoridades electorales y del ordenamiento legal que siguen debe ser la realización de unas elecciones justas y transparentes que recojan las preferencias de los ciudadanos; si las normas o quienes las interpretan no se alinean con ese objetivo, entonces se requieren cambios.

La reflexión, por supuesto, va más allá de cualquier preferencia o antipatía política. El derecho a la participación política legítima está por encima de consideraciones menores y asiste a APP, así como a cualquier otro partido que vaya a encontrarse en circunstancias similares. Véase el caso del Apra, que por vicios en el proceso de inscripción de listas al Congreso podría quedarse sin la posibilidad de participar en la mayoría de circunscripciones.

Sin embargo, en medio de todo esto, quienes en realidad pierden son los electores. Los partidos que participan en los comicios van a canalizar las esperanzas y perspectivas de miles de ciudadanos que comparten una visión política particular. Al cancelar inscripciones no solo se perjudica al candidato involucrado, sino también a quienes tendrán que buscar una opción política que se amolda menos a sus preferencias.

Finalmente, el otro gran perdedor es el sistema democrático. La exclusión de alternativas políticas coarta el debate público y mina la confianza en el resultado final del proceso electoral. Tachar partidos políticos, planchas presidenciales o candidatos de las elecciones es un asunto muy serio y debe ser tratado como tal.