Editorial: Todavía verde

La ciudad de Lima es una de las pocas capitales de América Latina con acceso directo al océano. Sin embargo, la prioridad y el uso que la metrópoli le ha dado a este espacio a través de la Costa Verde durante décadas son, a lo mejor, precarios. Desde que se emprendió la construcción de la Vía Expresa a lo largo de la costa limeña en la década de 1970, la informalidad y la desidia de sucesivas gestiones municipales han facilitado que la capital del país siga viviendo de espaldas al Océano Pacífico, uno de sus mayores atractivos.

Así, en el marco de los recientes debates suscitados respecto del tercer carril de la vía –concluido el 30 de marzo en la zona de Miraflores– y, en general, del destino de esta arteria, El Comercio realizó la semana pasada una mesa redonda titulada Costa Verde: Lima de Cara al Mar. En ella, expertos en urbanismo y gestión pública coincidieron en que las prioridades de mejora en la Costa Verde pasan por mantener el equilibrio entre una vía vehicular de flujo moderado y un espacio público para el disfrute de la ciudadanía, además de enmallar las zonas de los acantilados que faltan.

En realidad, el problema de fondo con la administración de la Costa Verde es uno que conocen bien quienes han formado parte de un aula de colegio: cuando algo sale mal, nadie quiere asumir la culpa. Este punto se hizo tristemente evidente en enero del año pasado cuando un menor de 3 años quedó en coma al ser impactado por una roca que se desprendió de parte del acantilado miraflorino. En aquel entonces, la Municipalidad de Miraflores se excusó de asumir cualquier culpa y apuntó a los procedimientos burocráticos de la Autoridad del Proyecto de la Costa Verde (APCV) que le impidieron enmallar el acantilado. A su vez, la APCV señaló a la Municipalidad de Lima y a la Empresa Municipal Administradora de Peaje S.A. (Emape) como los principales responsables.

No se trata, entonces, de un problema de presupuesto. De hecho, según la Municipalidad de Magdalena, solo para el enmallado integral del acantilado el Gobierno Central transfirió S/.10,5 millones a la anterior administración municipal, pero este no se realizó debido a que las licitaciones convocadas quedaron sin efecto. A la fecha, los seis municipios que forman parte del litoral desconocen si la administración de Luis Castañeda les transferirá las obras civiles ejecutadas en la Costa Verde durante la gestión anterior y que permanecen bajo el control de la Municipalidad de Lima.

Es inconmensurable lo que esta condición de “tierra de nadie” que jurisdiccionalmente tiene la Costa Verde viene costando a Lima. En la medida en que los distritos involucrados, la APCV y la Municipalidad de Lima tengan los incentivos para hacerse únicamente de los activos –económicos y políticos– que suponen la administración de la Costa Verde, pero ninguno de los pasivos, el proyecto integral permanecerá inviable.

Como ha mencionado este Diario en anteriores editoriales, hace tiempo que el lugar tendría que haberse desarrollado como uno de los grandes espacios de esparcimiento en contacto con la naturaleza que tanta falta hacen en la ciudad. Con un mar cada vez más limpio gracias a nuevas políticas ambientales y las plantas de tratamiento, un gran malecón que una a todos los distritos que la comparten, un sistema de seguridad apropiado, accesos confortables a las playas y, en general, buena infraestructura para paseantes y bañistas, no es exagerado decir que la Costa Verde podría cambiar lo que significa vivir en Lima –y ayudar a mejorar, además, lo que la ciudad es hoy para los turistas–.