Luz al fondo del pozo

Esta semana, el directorio transitorio de Petro-Perú informó sobre la situación de la empresa y el diagnóstico no fue nada alentador. Según este, la petrolera viene operando con un “limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024″. Además, el Ebitda proyectado para este año –es decir, las ganancias que registrará antes de los descuentos por concepto de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– es de apenas US$135 millones, un monto claramente insuficiente para poder cumplir con sus múltiples deudas, y su cuota de mercado cayó del 51% al 25%.

En consecuencia, el directorio ha llegado a una conclusión tan previsible como incómoda: que la empresa necesita un nuevo apoyo financiero por US$2.200 millones, un rescate que, sin embargo, “sería irresponsable y [constituiría] un acto de inmoralidad”, pues en la situación actual no pueden descartar que en un futuro cercano vayan a solicitar otro más, dado el clima de gobernanza y gestión empresarial que atraviesa la estatal, expuesta a “apetitos políticos”. Por ello, ha planteado una salida que muchos expertos venían demandando desde hace tiempo: que una “gestión privada” dirija la empresa a fin de lograr la autosostenibilidad financiera.

La propuesta no es solo una buena noticia, sino que es la primera de este tipo que emerge de una compañía que en los últimos años ha ocupado las primeras planas por sus constantes pedidos de rescate financiero, por las gollerías de las que han venido disfrutando varios de sus funcionarios, por su falta de transparencia y por la posible corrupción en el nombramiento de uno de sus gerentes generales. Además, claro está, de sus pésimos resultados financieros.

Recordemos que, en el 2023, Petro-Perú cerró con una pérdida de US$824 millones y se espera que este año los números continúen en rojo. Por otro lado, pese a que en diciembre la presidenta Dina Boluarte inauguró la nueva refinería de Talara y aseguró que esta “se pone en marcha y opera en toda su capacidad”, hace unas semanas este Diario pudo conocer que, en realidad, lo hace solo al 76% debido a desperfectos en su unidad de flexicoking que, según contaron algunas fuentes, nunca llegó a funcionar correctamente.

La refinería, además, fue nuevamente el centro de la controversia a inicios de año, cuando se conoció que el costo total de la obra –sumando el total de la inversión y los intereses operativos– era de unos US$600 millones más de lo que la empresa había consignado en sus estados financieros auditados del 2022. El entonces presidente del directorio de la estatal, Pedro Chira, intentó confundir en ese momento a la ciudadanía sobre esta cifra y sugirió que los medios de comunicación intentaban tergiversarla, pero su intento fue rápidamente desbaratado por los expertos.

Y no olvidemos los constantes pedidos de salvataje financiero de la empresa en años recientes y la crítica formulada por el ministro de Economía, José Arista, sobre las gollerías de las que disfrutaban varios trabajadores de esta. Por todo ello, no tiene sentido seguir alimentando con dinero de todos los peruanos una compañía que ha venido haciendo las cosas probadamente mal. Eso sería como tirar el dinero a un barril sin fondo en momentos en los que desde el sector público se habla justamente de apretarse el cinturón ante el complicado escenario económico que enfrentamos.

En esa línea, que una gestión privada asuma la conducción de Petro-Perú (lo que no implicaría una privatización de la empresa, como varios están tratando de vender de manera engañosa, sino más bien autonomía del directorio para que pueda operar sin interferencias políticas) significaría una luz al fondo del pozo, un gesto para sus acreedores de que busca cumplir realmente con sus deudas y una señal ante la ciudadanía de que se quieren hacer las cosas de manera diferente. En suma, una buena noticia en medio de la peor crisis de Petro-Perú en toda su historia que ojalá se concrete.