Editorial: Fue lindo mientras duró…

El cronograma electoral oficializado esta semana por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece que los actuales gobernadores regionales o alcaldes que quieran postular en una plancha presidencial o al Congreso en los comicios del próximo año deben renunciar a sus cargos, a más tardar, el 12 de este mes. Es decir, en menos de dos semanas. Es probable, en esa medida, que en los siguientes días veamos a más de una de esas autoridades alejarse de la posición a la que llegaron gracias al respaldo que pidieron –y obtuvieron– de los electores en las ánforas.

La exigencia de la renuncia es razonable, por cuanto busca evitar que tales personas aprovechen los recursos propios de la posición que ostentan para hacer campaña con miras a su nueva aspiración política. La circunstancia de que tal exigencia sea razonable, sin embargo, no convierte tales renuncias en un hecho deseable. Al pedir el apoyo de los electores, se entiende que los candidatos a una alcaldía o a una gobernación regional se estaban comprometiendo con ellos a una serie de cosas, entre las que se cuenta la de terminar el período por el que serían elegidos. Y en este caso, las autoridades locales o regionales que llegaron al puesto que hoy ocupan en las elecciones del 2018 tienen un compromiso con sus votantes –y aun con los que no votaron por ellos, pero participaron del proceso– de ejercer su función hasta fines del 2022. Abandonar ese compromiso a la mitad del camino equivaldría a darles la espalda: un pésimo precedente para quien se dispone a pedir ese mismo tipo de confianza a nivel nacional (esto es, a un universo de votantes más amplio).

Ejemplos de esta práctica hemos tenido ya muchos en nuestra historia política reciente. César Acuña, por ejemplo, renunció en el 2015 al Gobierno Regional de La Libertad para postular en las elecciones presidenciales del 2016. Y Luis Castañeda Lossio se alejó de la Alcaldía de Lima en el 2010 para ser candidato en los comicios del 2011.

Una variante de esa forma de desafección hacia los electores fue la que cultivaron, por otra parte, algunos gobernadores regionales que dejaron sus puestos para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Nos referimos, concretamente, a Yehude Simon (exgobernador regional de Lambayeque) en el 2009 y a César Villanueva (exgobernador regional de San Martín) en el 2013.

Desde luego que quienes adoptan ese tipo de comportamientos suelen tener una excusa altisonante para hacerlo. “Es el llamado del deber” o “lo que estamos haciendo es asumir un compromiso mayor” son las fórmulas de las que habitualmente echan mano mientras empacan. Pero la verdad es que seguramente quienes votaron por ellos habrían agradecido saber de la fragilidad de la palabra empeñada antes de acudir a las urnas a endosarles su apoyo. El otro escenario –el del anuncio sorpresa– equivale en realidad a que la persona que les ofreció gobernarlos, local o regionalmente, hasta el final de su mandato (hasta el 2022, en este caso) de pronto les dijera: “Fue lindo mientras duró”.

No estamos sugiriendo aquí, por cierto, que no sea legítimo hacer carrera política primero en un cargo de menor jerarquía y luego aspirar a otro más encumbrado. Lo que anotamos es que lo serio y lo responsable es terminar con las tareas que ese primer cargo demanda antes de embarcarse en la carrera por alcanzar el segundo.

Al parecer, es el afán de adquirir una dosis de poder mayor que la que ya tienen lo que empuja a las autoridades elegidas que incurren en la práctica descrita a privilegiar sus prioridades sobre las de los ciudadanos a los que antes cortejaron políticamente. Una cierta ceguera propia de este tipo de calenturas, no obstante, les impide notar que los nuevos votantes a los que buscarán apelar ahora van a mirar antes de ir a las urnas la forma en que se comportaron con los antiguos y sacarán, ojalá, las conclusiones que corresponden.