(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Editorial El Comercio

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Con la segunda jornada de elecciones internas cumplida este domingo en los partidos facultados para participar en los comicios de abril, el universo de los aspirantes a la presidencia de la República ha quedado definido. Es cierto que falta todavía resolver la situación de Fernando Olivera y el Frente de la Esperanza, pero eso solo determinará si los candidatos a ocupar tan alta dignidad habrán de ser 22 o 23. En cualquiera de los dos casos, una multitud.

No es la primera vez que el partidor para esa importante competencia luce superpoblado (las boletas de sufragio con diez o más casilleros en el acápite presidencial han sido un clásico en los procesos electorales de los últimos 40 años), pero nunca se había llegado a este extremo. Algo tiene que estar produciendo esta fiebre de postulaciones, e identificarlo es una tarea pendiente para analistas y estudiosos del fenómeno político en el país. Ciertos elementos del diagnóstico que reclamamos, no obstante, saltan a la vista.

Veamos cuáles. En principio, el afán de acceder al poder no tendría que ser un fin en sí mismo. Se entiende que debería constituir, más bien, el camino inevitable para llegar a una posición desde la que se podrán poner en marcha las ideas e iniciativas que un grupo de personas juzga conveniente para el desarrollo y bienestar de una determinada comunidad. De ahí que los aspirantes a cargos de elección popular de toda laya insistan permanentemente en la tesis de que aquello que los mueve a contender en las urnas es una indesmayable “vocación de servicio”.

Si eso fuese cierto, sin embargo, tendríamos que asumir que en este momento existen 22 o 23 planes de gobierno y proyectos para el país tan serios y distintos entre sí como para empujar a un igual número de organizaciones políticas a acometer el empeño del que venimos hablando. Y la verdad es que eso, sencillamente, no es verosímil.

Hasta ahora, ante las preguntas precisas de la prensa sobre sus posiciones acerca de los temas de interés nacional, la mayoría de los candidatos –si no todos– responde con lugares comunes sobre la necesidad de combatir la pandemia, procurar la recuperación económica y luchar contra la corrupción, propósitos a los que nadie en su sano juicio podría oponerse, pero que enunciados así, dicen poco sobre las razones por las que la ciudadanía debería preferir al aspirante A que al Z.

Por un lado, esa circunstancia se explica por el hecho de que los postulantes no quieren entrar en conflicto con los intereses de ningún grupo de votantes y, en consecuencia, la vaguedad resulta conveniente. Pero por otro, sugiere también que realmente no tienen mucha noción de lo que quisieran hacer desde Palacio si fueran favorecidos por el voto popular. Y si bien algunos cubren la vacuidad de planes con una retórica más sofisticada que otros, basta rascar ligeramente ese camuflaje para descubrir que las demandas sobre un cambio de Constitución tienen tan poco sustento como las exigencias de reforzar la seguridad en las calles con las fuerzas armadas.

La escasa sustancia de los planteamientos tiende, pues, a socavar el supuesto con el que iniciamos esta reflexión. Es decir, el de que el afán de acceder al poder no debe ser un fin en sí mismo. La pobreza de argumentos programáticos de quienes se encuentran en ese trance sugiere que sí lo es y que, por consiguiente, las distintas formulaciones ideológicas que se modulan en el camino son esencialmente un pretexto para la prosecución de ese fin.

Vista bajo esa luz, ciertamente la profusión de candidaturas se entiende mejor, pero no por ello tranquiliza. Al contrario: apunta a la posibilidad de que, en abril próximo, asistamos a una compulsa entre personas con más ganas de gobernar que ideas para hacerlo. Y ese es un drama cuyo final conocemos.