Editorial: Política y ladrillos

La inversión pública sigue ciclos políticos definidos. Cada cinco años, cuando entra una nueva administración nacional, los presupuestos, proyectos y prioridades sufren cambios, y obras que traían fuerte impulso y atención dan su lugar a nuevas iniciativas públicas promovidas por el gobierno entrante. Inevitablemente, otros proyectos –los que no lograron completarse a tiempo– pueden quedar latentes o incompletos mientras las nuevas autoridades deciden si vale la pena continuarlos. El tren eléctrico, iniciado durante el primer gobierno aprista de los años 80 y que esperó dos décadas para ser retomado, lo atestigua.

Los ciclos políticos de la inversión pública pueden ser aun más pronunciados cuando de gobiernos subnacionales se trata. La poca institucionalidad que impide que muchas estrategias de mediano plazo de inversión pública e infraestructura perduren a través de distintos gobiernos a nivel nacional es todavía más precaria en las transiciones entre gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales. No es inusual que el nuevo alcalde sea renuente a continuar la obra de su antecesor, y se tome su tiempo para plantear su propia agenda.

En este contexto, como alertó el domingo este Diario, el cambio de autoridades regionales y locales que empieza con las elecciones de octubre próximo es motivo de preocupación respecto de la ralentización de la inversión pública. No solo debido al ciclo político descrito, sino también a que su efecto regular sobre la paralización de proyectos sería potenciado por la prohibición de la reelección entre estas autoridades, que por primera vez tendrá vigencia.

Es cierto que algunos alcaldes con experiencia distrital tentarán la alcaldía provincial, en tanto que otros alcaldes provinciales competirán en las ligas mayores regionales, pero esta vez en general las autoridades con experiencia en el manejo del presupuesto público serán aun más que antes la excepción. En Apurímac, por ejemplo, de los 15 candidatos al gobierno regional, apenas dos han ganado antes cargos de elección popular.

El presupuesto público planteado por el Ejecutivo para el 2019 ofrece una fuente adicional de preocupación. La propuesta enviada al Congreso dispone que las regiones y municipios concentren hasta el 70% del total de recursos para la inversión pública. En concreto, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales aumentarían en 16% y 24%, respectivamente, en tanto que el del gobierno nacional crece en 3%. Aun con los mecanismos simplificados de inversión para la reconstrucción del norte, por ejemplo, la inexperiencia de las autoridades entrantes puede constituirse en un serio problema el siguiente año.

¿Qué espacios existen para mejorar las perspectivas de la inversión pública con las nuevas autoridades? Desde el Ejecutivo, la labor de acompañamiento y guía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede ser fundamental. El fomento de proyectos de inversión de mayor escala, no atomizados, que involucren el trabajo conjunto y coordinado de distintas municipalidades sería un paso adelante. Desde el Legislativo, ajustes a normas como la que facilita las expropiaciones para grandes obras de infraestructura o la que determina el buen uso de los recursos provenientes del canon y regalías pueden hacer mucho más rápida y eficiente la ejecución de presupuesto.

Más importante aun, desde el electorado, la selección de autoridades competentes con planes de inversión viables y equipos de trabajo serios resulta, indiscutiblemente, lo más importante. Las elecciones de octubre son un reto, pero también una oportunidad para impulsar inversión pública en línea con las necesidades de la población y el cierre de brechas. Porque ese es el fin último del proyecto de inversión. A fin de cuentas, en este ciclo político, retrasar la inversión en la siguiente piscina pública en un poblado que carece de agua tampoco es una mala idea.