"Y si bien tienen derecho a defender los proyectos que consideren pertinentes, solo les pedimos que noten que, en ocasiones, la naranja tiene algo de roja". (Foto: El Comercio)
"Y si bien tienen derecho a defender los proyectos que consideren pertinentes, solo les pedimos que noten que, en ocasiones, la naranja tiene algo de roja". (Foto: El Comercio)
Editorial El Comercio

Hace unas semanas, cuando se animó en un programa periodístico a sugerir la viabilidad de un “Estado empresario”, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, fue objeto de múltiples y fundadas críticas. Desde esta página, por ejemplo, resaltamos la identidad de su postura con la de aquellos gobiernos que, durante el siglo pasado, nos empobrecieron dilapidando el dinero de todos los peruanos en empresas públicas que ni eran rentables ni producían bienes o servicios de calidad.

Por otro lado, la oposición parlamentaria representada por Fuerza Popular (FP) también alzó su voz de protesta. La legisladora Lourdes Alcorta, por ejemplo, sentenció que poner en práctica lo que el ministro sugería significaría volver a un “pasado nefasto”, mientras que Luz Salgado explicó que implicaría cambiar el modelo económico y volver a lo que fue un “fracaso” en épocas anteriores.

Sin embargo, frente a este rechazo y habida cuenta de las ocasiones en las que FP ha cuestionado enfáticamente los planteamientos de sus colegas de izquierda, resulta extraño que ciertos proyectos intervencionistas surjan precisamente de su bancada. El ejemplo más reciente de ello es el proyecto de ley propuesto este año por el congresista fujimorista Wuilian Monterola, que desliza la posibilidad de que el Estado pueda hacer las veces de empresario en el campo de las telecomunicaciones. Dicha iniciativa fue discutida el viernes 14 en la Comisión de Transportes.

Como informó este Diario, la iniciativa del señor Monterola ha despertado preocupación en este sector, con la principal crítica centrada en que abrir la posibilidad de que el Estado administre una empresa de telecomunicaciones iría contra el rol subsidiario que le otorga la Constitución.

Y a pesar de lo que el parlamentario en cuestión ha tratado de argumentar, tras los cuestionamientos a su iniciativa, lo cierto es que esta dista de ser la única que supone incoherencias entre el discurso (que incluye un elogio del modelo económico vigente en el cuarto bloque de su plan de gobierno) y el accionar de FP. De hecho, desde hace buen tiempo, el fujimorismo viene apoyando y presentando iniciativas que podrían haberse originado en las bancadas del Frente Amplio o Nuevo Perú.

En esa línea, podemos remitirnos a dictámenes como el que obligó a los estacionamientos privados a cobrar por minuto a sus usuarios (y que incluía dos proyectos de Fuerza Popular), interviniendo en su modelo de negocio. También podemos recordar la aprobación de la ley que nivela las pensiones para policías y militares, en buena cuenta reanimando la cédula viva y generando un régimen que no es autosostenible. Asimismo están la iniciativa del congresista Héctor Becerril para regular el precio de medicamentos y la abortada propuesta de las parlamentarias Úrsula Letona y Alejandra Aramayo que pretendía regular los medios de comunicación y la creación de una veeduría ciudadana para supervisarlos.

También hay que mencionar el apoyo de algunos congresistas de Fuerza Popular, junto con el Frente Amplio, al dirigente Pedro Castillo en la huelga docente en el 2017, cuando un grupo de maestros reclamaba no ser despedido en caso no aprobasen (hasta en tres oportunidades) las evaluaciones del Ministerio de Educación.

Esta actitud, asimismo, no ha sido exclusiva de la actual bancada naranja. Señales de esta inclinación a la izquierda las ha emitido el partido desde antes de que se configure este Congreso. Basta remontarse a cuando la referida agrupación retiró su apoyo a la ‘ley pulpín’ (medida que hubiese beneficiado la formalización de miles de jóvenes) en el 2014 –cuando empezaron a arreciar las protestas– y cómo su lideresa Keiko Fujimori se mostró a favor de que el lote 192 sea explotado por Petro Perú en el 2015.

Frente a todo esto, es evidente que Fuerza Popular no le teme –como parecía, dada su reacción a lo dicho por Zeballos– a ampliar los alcances del Estado en la economía y a extender el gasto público, medidas que en el pasado han significado pocos beneficios para el país. Y si bien tienen derecho a defender los proyectos que consideren pertinentes, solo les pedimos que noten que, en ocasiones, la naranja tiene algo de roja.