Editorial El Comercio

En la noche del domingo, luego de que la prensa aireara la noticia sobre un inminente corte del servicio de agua que afectaría masivamente la capital en los próximos días, confirmó en la red social X (antes Twitter) que la información era correcta. Lo hizo en dos escuetas publicaciones, sin explicar los motivos (habló genéricamente de “trabajos para mejorar el servicio”), los distritos que se verían afectados ni el tiempo que duraría la suspensión del suministro. Aunque indicó que daría más detalles el miércoles (es decir, hoy), el escenario estaba servido para desatar la preocupación entre los ciudadanos, como finalmente ocurrió.

En las siguientes 24 horas, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento , entre otras cosas, que saliera a explicar las razones detrás de esta interrupción del servicio y que presentara su plan de contingencia para que los residentes de los distritos afectados conocieran las fuentes alternativas de las que podrán abastecerse mientras dure la medida. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, por su parte, cursó un oficio al gerente general de Sedapal, Jorge Rucoba, solicitándole prácticamente la misma información y, en una acción que pareció francamente desproporcionada, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro se dirigió a de la compañía para, según explicó el Ministerio Público en sus redes sociales, “evitar los delitos contra el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

Con el paso de las horas, muchas de las interrogantes empezaron a ser despejadas, pero, hay que decirlo, no por Sedapal, sino por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, . Hoy se sabe que la interrupción del servicio empezará el 6 de octubre y afectará 22 distritos –que sumados concentran a casi seis millones de personas–. Que en la gran mayoría de ellos la suspensión durará entre 12 y 48 horas, pero que en tres (Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores) podría prolongarse . Que la razón de la suspensión será la instalación de para mejorar el servicio en la zona sur de Lima. Y que Sedapal proporcionará cisternas en varios puntos de la ciudad (que aún no han sido precisados) para aliviar la demanda de los usuarios.

Es cierto que no se puede cuestionar a Sedapal por llevar a cabo labores que permitirán mejorar el acceso de los ciudadanos de una parte importante de la capital a un servicio indispensable. Pero es francamente inaceptable la manera desordenada, imprecisa y deficiente en que llevaron a cabo la comunicación de esta medida. Solo han contribuido a generar preocupación en la mitad de Lima y han sembrado dudas sobre la posibilidad de que realmente se pueda garantizar el abastecimiento a hospitales, centros penitenciarios y unidades de bomberos que no pueden prescindir de este recurso por tantos días.

De paso, la noticia ha servido para recordar la realidad de Sedapal, una empresa que después de tantos años de operación todavía no ha conseguido que cientos de miles de limeños puedan tener agua potable en sus hogares (que son quienes, además, por este recurso comprándolo a las cisternas que llegan hasta sus vecindarios), ha hecho que muchos más solo puedan disfrutar de este servicio durante un número determinado de horas al día y se ha visto empañada por denuncias de corrupción e incompetencia a lo largo del tiempo. Solo para poner un ejemplo de esto último: el mes pasado la contraloría reveló que 48 exfuncionarios de Sedapal fueron favorecidos con indemnizaciones irregulares entre el 2017 y el 2023, ocasionando pérdidas a la empresa por .

Suspender el servicio de agua potable por varios días en la ciudad más grande del país es una medida que, aun con toda la justificación que pueda tener detrás, debe ser comunicada de manera clara y sin ambigüedades. Sedapal, sin embargo, dio la información con cuentagotas y ha generado una ola de preocupación que a estas alturas luce difícil de controlar.

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