El lobby magisterial

Cuando termine el período de turbulencia política que vive el país desde el 2016, inevitablemente las instituciones públicas estarán debilitadas. Ningún ministerio o dependencia estatal puede haberse consolidado con el desmanejo de los últimos años. Al mismo tiempo, empieza a ser obvio que la sucesión de presidentes de la República y de Congresos –con un, aunque efímero, golpe de Estado entremedio– le pasa factura al trabajador peruano promedio, que no ve mejoras reales en sus ingresos desde hace tiempo. El Perú, en casi cualquier métrica institucional relevante, ha retrocedido.

Pero hay algunos grupos que han sabido sacar provecho de la situación. En lo que va de este período legislativo, por ejemplo, ciertos sindicatos de docentes se encuentran entre los más afortunados. El grupo de profesores –que entró de la mano del expresidente Pedro Castillo en el partido Perú Libre y que ahora conforma la bancada del Bloque Magisterial– ha usado su influencia política para aprobar leyes a favor de sus propios intereses y, en la mayoría de casos, en contra de los estudiantes.

Hace tres semanas, por ejemplo, el pleno del Congreso aprobó una norma que vulneraba el principio más elemental de la Carrera Pública Magisterial (CPM): la meritocracia entre docentes. La modificatoria de ley permitirá el ingreso a la CPM de más de 14 mil profesores que no pudieron superar la evaluación docente del 2014. El escándalo motivó la salida de la entonces ministra de Educación, Magnet Márquez, quien se había opuesto al cambio.

Esta no fue la primera ley que lograron aprobar. Desde aumentos en el pago de la CTS para docentes hasta exigencias de contratación de al menos un profesional de educación física en las escuelas, la agenda del Bloque Magisterial sigue avanzando. Actualmente, están en debate en el Legislativo proyectos de ley para restituir a docentes cesados por no aprobar evaluaciones, restituir a directores o subdirectores de escuelas que fueron ubicados como profesores de aula y nombrar de forma automática a docentes contratados en educación básica regular.

Para ser claros, no se trata de que el Bloque Magisterial no pueda someter a debate normas relacionadas a lo pedagógico. De hecho, se esperaría que los congresistas que conocen la educación peruana por dentro contribuyan con legislación que fortalezca el sector, con énfasis en la formación y el aprendizaje de los niños. Pero, en vez de eso, los representantes de sindicatos de docentes impulsan normas a favor de sus bases (e incluso de sus familiares) que lindan con el conflicto de intereses y que no consideran en absoluto el derecho de los estudiantes a aprender de docentes capacitados. Y ese sí que es un problema serio.

El tema de fondo, sin embargo, es que ninguna luz verde legislativa sería posible sin la anuencia del resto de congresistas. Si se aprueban dictámenes contrarios a los intereses de los estudiantes, no es solo porque hay intereses gremiales directos detrás de la norma, sino porque las otras bancadas prefirieron intercambiar votos con el bloque interesado a cambio de sacar adelante su propia agenda. En este comercio de favores, son la mayoría de legisladores los que terminan permitiendo que se priorice a los docentes por encima de los estudiantes. Y luego del trance con la exministra Márquez, la protección que se puede esperar del Ejecutivo en general y del Ministerio de Educación en particular es sumamente limitada.

Una vez que culmine este período de convulsión, decíamos, no todos estarán peor que antes, pero al ritmo actual lo estarán –casi con seguridad– los más de seis millones de estudiantes de la educación pública a los que un grupo de congresistas ha decidido dar la espalda.