Editorial: Cambio de estación

Desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República y César Villanueva las riendas del Consejo de Ministros, este Diario viene planteando que el ambiente más distendido que hoy se vive entre los diversos poderes del Estado podría representar la oportunidad propicia para emprender alguna de las reformas necesarias para el país que quedaron relegadas en el medio del entrampamiento político.

Pues bien, un pensamiento similar parece haber guiado al primer ministro el último miércoles durante su discurso de presentación ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura, que finalmente le fue otorgado por amplia mayoría. En medio de una serie de llamados al diálogo y trabajo conjunto con el Legislativo, el jefe del Gabinete Ministerial anunció que enviará al Parlamento una serie de propuestas de corte político-electoral.

Varias de ellas se encuentran directamente relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos y vale la pena saludarlas. Está, por ejemplo, la iniciativa para sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales, un asunto por el cual hoy se investiga a no pocas agrupaciones en base a las declaraciones de ex funcionarios de Odebrecht que aseguran haber aportado millonarias cantidades a varios candidatos y partidos en el Perú.

En línea con lo anterior, está el proyecto de incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y contar con un sistema para prevenir el lavado de activos. Además, toda persona que postule a un cargo de elección popular tendría que autorizar el inmediato acceso de la UIF a su información bancaria, tributaria y bursátil, algo que permitiría detectar tempranamente aquellos casos en los que el enriquecimiento de un político pueda estar relacionado con alguna actividad ilegal. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros planteó la obligatoriedad de que las elecciones internas de los partidos políticos sean supervisadas por los organismos electorales, un esquema que podría conjurar las irregularidades que se suelen denunciar en estos procesos de democracia interna, y fomentar la competencia efectiva en algunas organizaciones poco acostumbradas a la renovación de sus cuadros.

Se trata, en buena cuenta, de medidas que implican una mayor supervisión de los partidos políticos. En consecuencia, existirían mayores exigencias respecto de cómo estos manejan sus finanzas y, por supuesto, de las personas a las que admiten dentro de sus filas. En tal sentido, es previsible que estas propuestas cuenten con el respaldo de la ciudadanía cansada de ir conociendo, semana a semana, cómo capitales oscuros han encontrado cobijo en la política nacional.

Una movida audaz, si se tiene en cuenta que algunas bancadas se han mostrado reacias a apoyar algunas de estas propuestas que ya fueron objeto de anteriores iniciativas del propio Ejecutivo y algunos legisladores. Sin embargo, el fuerte remezón para la política que han generado los destapes del Caso Lava Jato, junto con la mentada vocación de colaboración que hoy se percibe en muchas bancadas –las de Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano incluidas– conceden las condiciones necesarias para augurar un mejor futuro para estos planteamientos.

En este contexto, sería bastante inoportuno que algún grupo político se arriesgue a mostrar una actitud opositora o intransigente respecto de medidas como estas. Más aun cuando ayudan a dar mayor transparencia y supervisión de los caudales que ingresan a las campañas electorales.

Si nuestros dirigentes políticos han percibido, efectivamente, el cambio de estación, harán bien en aprovechar el mejor clima político para sacar adelante estas y otras varias reformas tan imperiosas como postergadas.