Un país inmóvil

Es difícil recordar 15 días tan caóticos como los que acabamos de vivir los peruanos. Un toque de queda desproporcionado que fue un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales, carreteras bloqueadas, el transporte entregado a colectiveros ilegales, el colapso de Migraciones y el desplome anunciado de partes del muro perimétrico de Kuélap. Todas muestras de la incompetencia del Gobierno que ayer sumó una más a la lista.

Cuando miles de ciudadanos aprovechaban el inicio del feriado largo por la Semana Santa para desplazarse, varios vuelos locales fueron cancelados por una huelga de controladores aéreos que perturbó la actividad de los aeropuertos de Lima, Cusco, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Trujillo. Poco antes de las 11 de la mañana, sin embargo, el presidente de Córpac, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció que la protesta se levantaba. Esto, en momentos en los que viajeros se arremolinaban en los aeródromos de las ciudades afectadas y cuando en algunos de ellos, como el del Cusco, los vuelos cancelados sumaban una veintena.

Lo más indignante del asunto es que increíblemente fue el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, encabezado por Betssy Chávez, el que dio luz verde para que esta huelga se llevara a cabo justo en la Semana Santa. ¿Por qué el Ejecutivo no hizo nada para evitar esta huelga cuando sabía perfectamente que iba a afectar a miles de personas? ¿No pensó que los afectados tendrían que cambiar sus itinerarios a último momento, alterando, con ello, una serie de programas conexos, como citas médicas, actividades estudiantiles o visitas turísticas, además del evidente perjuicio económico que estos imprevistos generan? Y, por último, ¿en qué consistieron los planes de contingencia (si los hubo) que terminaron fallando tan clamorosamente?

No fue la primera vez en la semana, por lo demás, que las imágenes de personas concentradas en los aeropuertos coparon las noticias. Como se sabe, el lunes cientos de viajeros perdieron sus vuelos cuando la oficina de entrega de pasaportes de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima colapsó. Aunque el jefe de Migraciones, Jorge Fernández, intentó explicar la crisis argumentando una “sobrecarga” en el sistema, el problema estuvo muy lejos de ser circunstancial. Era, de hecho, bastante previsible.

Al menos desde principios de año, el camino para renovar pasaportes en el Perú se ha tornado un vía crucis debido, nuevamente, a la incompetencia de las autoridades. Pedir una cita a Migraciones para renovar este documento en Lima hoy supone iniciar una espera de más de 200 días hasta que uno pueda ser atendido, mientras que en regiones como Tumbes o Puno, donde el trámite es más ‘expeditivo’, este no tarda menos de cuatro meses. Con semejantes plazos, la única salida viable consiste en gestionar el pasaporte –pasaje en mano– en la oficina de Migraciones ubicada en el aeropuerto de la capital, pero esta también se vio rebasada a inicios de semana.

Según la exjefa de Migraciones Roxana del Águila, el embrollo se originó porque la entidad se demoró en licitar la compra de 700 mil pasaportes que recién estarían llegando a nuestro país entre mayo y julio. A pesar de ello, no obstante, la contraloría denunció que Migraciones aceptó pagos por S/7 millones entre enero y febrero de ciudadanos que buscaron renovar su pasaporte a pesar de que no tenían stock disponible. No se puede olvidar que el acceso a este documento está garantizado por la Constitución y los problemas para acceder a él terminan afectando derechos fundamentales de los ciudadanos.

Si a estas vicisitudes en el transporte aéreo, tanto para viajar a través del territorio nacional como fuera de él, le sumamos los bloqueos en carreteras de las últimas semanas que motivaron que muchos viajes interprovinciales se vieran afectados, lo que tenemos es un país en el que un acto hasta hace tan poco previsible como el de viajar se ha convertido en una actividad cargada de incertidumbre, desconcierto y desesperación. El responsable principal de tener al Perú paralizado, literal y figurativamente, es el gobierno del presidente Pedro Castillo, cuya incapacidad ya ha comenzado a permear múltiples ámbitos de la vida diaria de millones de peruanos.