Ricardo Uceda

La revelación de que el presidente plagió su tesis de maestría era una primicia buscada por más de un reportero. Varios intentaron que el original fuera proporcionado por la Universidad César Vallejo (UCV), y luego buscaron inútilmente en distintas fuentes. Sorprendió que la entrega fuera ordenada por el Tribunal de , un ente adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). A esta entidad recurrió la incisiva periodista Vicky Zamora, de “Panorama”, cuando la UCV le cerró la puerta. Contradictoriamente, el tribunal también prohibió divulgar la tesis sin su permiso, algo inexplicable si la había clasificado de interés público. La discusión está superada, pues ya circula en las redes.

El hecho visibiliza el rol de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip), que tutela el ejercicio del derecho. Convive con un tribunal que resuelve quejas de ciudadanos a quienes alguna dependencia estatal –o privada, si presta servicios al público– dejó insatisfechos. El número de solicitantes ha crecido enormemente. El 16 de mayo, en una presentación oficial, el director de la Antaip, Eduardo Luna, dijo que en el 2021 las 558 entidades estatales de todo el país recibieron 242.057 peticiones. Seis de 10 estuvieron dirigidas al Poder Ejecutivo. Las cifras son referentes, porque la Antaip hace sus estadísticas con la información enviada por las instituciones. Según esta automedición, el 97,9% de las solicitudes fueron atendidas, la gran mayoría favorablemente. Resultaron denegadas 14.954. Estas últimas, sumadas a las que no recibieron respuesta, hacen 18.533, un 7,6%. En el tribunal las cuentas son distintas: tres de cuatro recursos de apelación obtienen resoluciones favorables.

Hasta aquí números fríos de un tipo de transparencia practicado en el Estado, generalmente sobre las funciones, presupuesto, gastos y personal de una entidad, los requerimientos más comunes. Aunque la ley del sistema tiene 20 años, los organismos de tutela recién se crearon en el 2017 con defectos de fábrica como el de su dependencia del Minjus. Cuando una entidad estatal incumple, ella misma debe sancionarse, o sea que nadie teme las consecuencias. El tribunal no accede a documentos reservados, como determinadas comisiones del Congreso, la contraloría y el Poder Judicial, lo cual plantea problemas al momento de resolver apelaciones. Ocurrió cuando Proética pidió que se publicaran los contratos de las vacunas contra el COVID-19. El Ministerio de Salud dijo que se había comprometido con las farmacéuticas a no revelarlos y que el suministro peligraba si incumplía. El tribunal no logró leer los documentos para comprobar si efectivamente contenían secretos industriales, o si, al menos, parte de estos podía divulgarse sin riesgo. Le dio la razón a Proética, pero su resolución jamás se cumplió.

Durante dos décadas, grupos de élite se han dedicado a pelear, en solitario, con las entidades que deniegan información. Lograron algunos triunfos. La oficina del abogado Erick Iriarte, por ejemplo, obtuvo las actas de los Consejos de Ministros entre 1990 y el 2019, las auditorías al sistema de voto electrónico, el contenido de correos electrónicos de los expresidentes Vizcarra y Kuczynski, la relación de aportantes a los cocteles de Fuerza Popular. También ha recibido denegatorias, ante las cuales interpuso acciones judiciales. Por esta vía espera conocer más correos electrónicos de expresidentes del Consejo de Ministros y de excongresistas, el protocolo de la ley de geolocalización y el expediente del último indulto fallido al expresidente Alberto Fujimori.

El caso de Iriarte es el de alguien interesado en consolidar el ejercicio del derecho, como el de los abogados Roberto Pereira y José Arrieta, quienes litigaron para el Centro Liber cuando aún no existían la autoridad ni el tribunal de transparencia. Al final de un largo proceso, el Tribunal Constitucional (TC) les permitió acceder al contenido de la acusación por asesinato de Daniel Urresti, que fue denegado por el Poder Judicial. En dos procesos distintos, litigando contra Vivienda y Agricultura, obtuvieron los correos electrónicos institucionales de Milton von Hesse, quien fue ministro en ambas carteras. Lograron que la Municipalidad de Lima entregara la lista completa de las personas a las que, por criticonas, había bloqueado de sus redes sociales. En el 2022, el Centro Liber, dirigido por la periodista Patricia Hoyos, ha presentado 69 solicitudes y 10 recursos ante el tribunal. Consiguió la relación de investigaciones abiertas contra congresistas, la identificación de más de 10 mil obras públicas paralizadas, información sobre más de 26 mil operaciones sospechosas durante la emergencia sanitaria.

En un tema muy recurrente como el acceso a las cuentas institucionales de los correos electrónicos de gobernantes, que ha llegado hasta el TC, existen resultados dispares. El TC dispuso que los propios expresidentes revisaran sus correos para excluir la divulgación de los mensajes personales, pero como las cuentas ya no existen, el ejercicio es imposible. Aún no se pronuncia sobre una petición referida a las comunicaciones del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, impublicables según la resolución de una sala superior. En fin, desde el 2014 un juzgado constitucional no decide, en primera instancia, si pueden ser revelados los correos institucionales del extitular del MEF Miguel Castilla.

Varios pedidos periodísticos fracasaron. El Ministerio de Defensa jamás quiso revelar el nombre de los militares muertos en el Vraem. La cancillería alegó peligro procesal para seguir ocultando un informe jurídico que objetaba la estrategia del Estado para extraditar a Alberto Fujimori desde el Japón. Tampoco quiso revelar las comunicaciones entre los gobiernos de Perú y Chile en el 2015, luego de que se revelara que tres marinos peruanos habían sido detenidos por vender información a agentes del país vecino. El otrora CNM se negó a revelar un examen escrito que tomó al destituido exjuez supremo César Hinostroza.

Pero la prensa también metió sus goles. En el 2018, el Tribunal de Transparencia ordenó a la ONPE que entregara a la Unidad de Investigación de América Televisión, que dirige Carlos Castro, la lista de adherentes del partido Podemos Perú, con lo que se pudo comprobar que eran fraudulentas. El Congreso tuvo que entregar al mismo equipo las rendiciones de los gastos operativos del excongresista de Solidaridad Nacional Michael Urtecho, con lo cual pudo demostrarse que le robaba al Estado. Por su parte, la Unidad de Investigación de Latina, a cargo de Christopher Acosta, logró que el tribunal obligara a la Marina a entregar los detalles de las llamadas telefónicas de Vladimiro Montesinos en la Base Naval del Callao. Este año, consiguió las actas de Consejos de Ministros demostrativas de que el presidente Pedro Castillo era irrelevante en su desarrollo. Los registros de estos debates son otra materia solicitada con insistencia. Ni aun así el Gobierno es prolijo, como lo demostró la periodista Alicia Rojas, en este Diario, al revelar que solo había acta de una de las 11 reuniones de Gabinete descentralizadas, desde octubre del 2021.

El actual derecho de petición es imperfecto y le faltan dientes, pero permite mirar debajo de la alfombra. Aún no ha sido destruido por el régimen, lo que podría ocurrir. De momento consigue burlarlo, como hizo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para impedir que Latina continuara exponiendo los videos de reuniones por Zoom de sus funcionarios. La Unidad de Investigación había obtenido un primer lote de grabaciones mediante un pedido de acceso a la información y estaba a la espera del segundo. Mientras tanto, difundió una escena en la que militantes de Perú Libre piden empleo sin méritos y un asesor del MTC se los garantiza. Ya no recibieron más los materiales. Cuando el fiscal Marco Huamán fue a buscar la grabación original, la habían desaparecido.

Ricardo Uceda Periodista

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