Rumbo de colisión

La decisión del Congreso de investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con vistas a la destitución de sus miembros, puede convertirse en un boomerang contra sus patrocinadores si antes no desactivan la bomba. Principalmente por la falta de razonabilidad. Por mucho que el Congreso tenga la potestad de efectuar las remociones, y aceptando causales de alguna sanción, la desmesura del castigo que se anticipa está creando un frente de solidaridad en el que participan hasta críticos de la JNJ. Alguien tan enfrentada con el organismo como la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha exhortado al Congreso para que respete el debido proceso. Su abogado, Aníbal Quiroga, declaró que la intervención parlamentaria perjudica su defensa. Ambas expresiones parecen sinceras:

−Es un abrazo del oso −dice Quiroga, quien defiende a Benavides en investigaciones que le ha abierto la JNJ, y asesora al Ministerio Público en una demanda de competencias planteada ante el Tribunal Constitucional.

Más importante que lo anterior, en las élites −no se puede decir aún en las calles, aunque la marcha de ayer sábado sería un anticipo− cunde el ánimo de manifestarse en contra, tendencia que prosperará conforme se acerque la fecha de la decapitación pública. No tendría relevancia si solo tomamos en cuenta a las élites comúnmente conocidas como caviares, para las cuales vivimos casi en una dictadura. No. El sentimiento de rechazo incluye a gremios como la Cámara de Comercio de Lima, a columnistas liberales o conservadores, a derechistas con sentido común, y hasta a sectores usualmente desinteresados en la política. Este sentimiento no lo impulsa una aprobación hacia lo que hace o deja de hacer la JNJ. Lo motiva la evidencia de que el Congreso protege a sus delincuentes, quienes no solamente están logrando cubrirse de las investigaciones del Ministerio Público. Con mayoría basada en un concierto de intereses propios, pueden torpedear la meritocracia en la educación pública y repartirse influencias en organismos autónomos del Estado.

Claro que es factible un retroceso total o parcial. Pero la rotunda votación alcanzada hace verosímil la destitución del pleno, una de cuyas funciones principales es nombrar a los magistrados del sistema de justicia. Un objetivo subsecuente es evitar que los actuales miembros de la JNJ elijan a los nuevos jefes de la ONPE y del Reniec, cuyo mandato de cuatro años vence en agosto del 2024. Estos funcionarios, que podrían ser ratificados por un período más, actuarán en las elecciones generales del 2026. Los partidos de izquierda y de derecha que están detrás del intento de remoción desean controlar de cerca este proceso. Para lo cual reconfigurarían a la JNJ mediante el mecanismo legal establecido: una comisión especial presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, recientemente nombrado por la mayoría congresal embarcada en el proyecto de destitución.

Así, bajo la premisa no declarada de que la JNJ es afín a un sector político –hipótesis válida–, se pretende una recomposición funcional al arco partidario interesado en los cambios: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Libre y parte de la izquierda magisterial, entre otros. Es un resultado del péndulo que padecemos. Las posiciones ganadas durante el gobierno de Vizcarra, que tenían el acompañamiento de un Tribunal Constitucional (TC) amigable, ahora son tomadas por una concertación representada por el delictuoso Alejandro Soto como presidente del Congreso. Este pacto convive con un TC descaviarizado, que prácticamente ha desaparecido el uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo, luego de que Vizcarra abusara de esta figura, al punto de cerrar el Congreso en el 2019. El péndulo, por supuesto, puede regresar al otro lado en los próximos años. Es un problema asociado a disfuncionalidad del sistema de representación política, respecto del cual no existen consensos para reformarlo. Mientras tanto, caviares y anticaviares libran una pelea sin cuartel por el control del Ministerio Público y la JNJ.

Ese es el telón de fondo de la investigación a la JNJ aprobada en el Congreso. Si este, en uso de sus atribuciones, se cepilla a sus integrantes, en los términos que plantea su acuerdo, tarde o temprano, desde aquí o desde el sistema interamericano de derechos humanos, los destituidos volverán en calidad de héroes. Entre juristas hay discrepancias sobre la constitucionalidad de la medida. Para unos, la sola aprobación de la misma, por no fundarse en falta grave evidente, como en ocasiones anteriores, infracciona el debido proceso. En la misma línea otros señalan que no hay un procedimiento específico para destituir a la JNJ, algo que descalificaría una sanción. Desde otra postura se arguye que durante la investigación misma puede determinarse si las faltas en que hubieran incurrido todos o algunos miembros de la JNJ, son graves al extremo de que justifiquen proponer su destitución al pleno del Congreso. Ahora bien, de los cinco pecados capitales que se les atribuyen, solo uno, de confirmarse, merecería remover a los comprometidos: que la JNJ presionó al presidente de la Corte Suprema para que el Poder Judicial se pronunciara contra la inminente decisión del Congreso de inhabilitar a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Sobre el punto, Javier Arévalo ha manifestado que a él no lo presiona nadie. Debería ser más explícito ante un asunto tan delicado. Su antecesora, Elvia Barrios, declaró que Arévalo le dijo que no hubo tal presión.

¿Por qué lo justificaría? Porque habría un testimonio fehaciente, fuera de toda duda, de que hubo una falta grave, dentro de un proceso con todas las garantías, con un plazo mayor al originalmente aprobado. Pero respecto de las restantes imputaciones no existe un marco objetivo para determinar la gravedad. Es cierto, por ejemplo, que no fueron presentados los informes anuales que según la Constitución la JNJ debe rendir al Congreso. La falta es difícil de disculpar, pues para eso la JNJ tiene un secretario general, Juan Carlos Cortés. Mas ¿amerita destituir al pleno? En cuanto al comunicado que publicó exhortando al Congreso a no sancionar a Zoraida Ávalos, puede ser tomado como una impertinencia –un error, dijimos aquí– sin llegar a merecer una expulsión. Es claro, por otra parte, que la JNJ, confianzudamente, se tomó la licencia de interpretar un dilema legal, resolviendo que su funcionaria Inés Tello podía seguir en el cargo luego de cumplir 75 años, siendo que para ejercerlo está fijado ese límite de edad, que no tenía cuando fue nombrada. Es un punto de controversia jurídica, que solo forzadamente podría dirimir el Congreso y que está a la espera de un pronunciamiento en el TC. Por último, se los investigará por la filtración de una resolución a la prensa, un tema que está siendo visto en el Poder Judicial.

Cuando se produzca el desenlace, lo que va a orientar las posiciones es si lo resuelto fue razonable y proporcional. No hace falta ser jurista para entenderlo, porque ambos principios están en la base de cualquier forma de administración de justicia. Como todo ente del Estado, la JNJ debe aceptar un escrutinio. Sin embargo, un escenario posible es que sus miembros se nieguen a someterse a la investigación, arguyendo violación del debido proceso. Esto podría facilitar su despido. En cualquier caso, hay un rumbo de colisión. Si los destituidores van a llevar su proyecto hasta las últimas consecuencias, podrían generar un repudio social mayor al que hasta ahora se aprecia contra las barbaridades del Congreso. Eso dependerá de que la progresía obtenga nuevas alianzas, lo que hasta ahora no ocurre, porque nada es más placentero que jugar a la ronda entre quienes piensan lo mismo.