La fórmula para derrocar a Maduro y sus amigos, por Fernando Cutz

Hace unos meses, los venezolanos se llenaron de renovadas esperanzas: de un nuevo presidente, de la ayuda humanitaria que se necesita con urgencia, de que se restaure la democracia. Pero con el fracaso del levantamiento liderado por Juan Guaidó en abril, el 2019 se ha convertido en un año frustrante para Venezuela.

EE.UU. y una coalición formada por los vecinos de Venezuela han acertado en aumentar el costo para que Nicolás Maduro y sus amigos sigan trabajando. Pero esas sanciones económicas pueden haber alcanzado su cenit. Los miembros de la coalición deberían aumentar la presión sobre el régimen al presentar un caso en sus propios tribunales, derivado de la corrupción de Maduro.

Maduro y su círculo íntimo están acusados de ocultar dinero robado en cuentas bancarias personales de todo el mundo, sacar provecho del tráfico de drogas, involucrarse en la minería ilegal y cometer abusos contra los DD.HH.

Sin embargo, se han anunciado muy pocas acusaciones contra Maduro o sus colegas.

Existe un precedente para que el Departamento de Justicia de EE.UU. centre la acción en áreas que están alineadas con las prioridades de la política exterior del país. En 1988, el Departamento de Justicia acusó al presidente Manuel Noriega de Panamá y a miembros de su círculo íntimo cuando las relaciones entre la ciudad de Panamá y Washington se estaban rompiendo.

Países como Colombia, donde han huido muchos venezolanos; Perú, donde los refugiados venezolanos se han convertido en víctimas de trata; y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones legales más amplias de procesar “crímenes de lesa humanidad”, deberían investigar si los asociados de Maduro han cometido crímenes dentro de sus jurisdicciones.

Algunos dirían que presentar cargos criminales contra el equipo de Maduro es inútil. Seguramente no serán extraditados a ningún otro lugar. Si bien eso puede ser cierto, todavía hay peso en tales acciones.

Primero, los sistemas judiciales en EE.UU., y en muchos otros países de la región, siguen siendo respetados por ser independientes. Si bien existe un precedente para que el Departamento de Justicia se centre en los intereses de la política exterior de los EE.UU., todavía hay una importante separación entre las sanciones, que se puede hacer a capricho del Ejecutivo, y las acusaciones, que requieren que las pruebas se presenten en un tribunal de ley.

En segundo lugar, una vez procesados, Maduro y sus amigos pueden estar sujetos a un “aviso rojo” de Interpol que limitaría gravemente su capacidad para salir de Venezuela.

En tercer lugar, las pruebas reunidas por países que son signatarios del Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional, pueden ser entregadas a la corte para sus propias investigaciones. Una investigación inicial del tribunal sobre las denuncias de tortura por parte de actores estatales en Venezuela se abrió en febrero, luego de que seis gobiernos presentaron una solicitud formal.

Recopilar evidencia para emitir acusaciones contra otros miembros del círculo de Maduro sería un esfuerzo intensivo. La comunidad de inteligencia de EE.UU. tendría que proporcionar al Departamento de Justicia gran parte de la evidencia necesaria. Nuestros países socios en la región tendrían que establecer equipos de fiscalía. El intercambio de información de inteligencia que EE.UU. reúne con socios extranjeros debería tener prioridad.

A medida que el pueblo venezolano continúa mostrando su capacidad de recuperación, la comunidad internacional también debe seguir mostrando su resolución. Los sistemas judiciales de las Américas deberían iluminar la creciente oscuridad venezolana y pedir cuentas a los muchos miembros del régimen que se han mantenido ricos y poderosos a costa de sus ciudadanos sufrientes.

© The New York Times
–Glosado y editado–
​