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Ocurrida la tragedia lamentable de la galería Nicolini, la oportunidad ha sido propicia para poner nuevamente en escena un simulacro de indignación nacional.
Ya se imagina. Reporteros atribuyendo responsabilidades, autoridades esquivas, y congresistas implacables. La obra se mantiene en cartelera entre diez y quince días. En ese plazo, sobran los culpables, saltan las ocurrencias legislativas y llueven los pedidos de mayor fiscalización.
La opinión pública, con toda razón, quiere ver la cabeza de alguien en la picota y punto. Pero rara vez hay espacio para reflexionar sobre estos accidentes, identificar áreas de mejora y gestionar luego los cambios normativos, administrativos o de educación pública que ayuden efectivamente a reducir estas desgracias.
La fiscalización, por ejemplo, debería concentrarse en establecimientos evidentemente inseguros hasta que alcancen un nivel mínimo de condiciones. Muchos recursos se desperdician en inspecciones ultradetalladas en locales razonablemente adecuados.
El Congreso, en ese respecto, amenaza con volver a instaurar la vigencia de los certificados de Defensa Civil cada dos años. Sin ninguna evidencia de que ese trámite funcione para algo, sobre todo en lugares pequeños como farmacias, bodegas o peluquerías.
En todo caso, hay que diferenciar regulación por niveles de riesgo y priorizar las inspecciones mismas por encima del papeleo. Muchos negocios accederían a ser revisados si no hubiera que preparar una tonelada de planos y memorias descriptivas.
De otro lado, hay temas de educación y orientación a los usuarios que son sorprendentes. La gente simplemente regresa a los lugares peligrosos a pesar de los accidentes. ¿Cómo hace el Estado para cuidarnos de nosotros mismos?
Es terrible conocer también de personas que trabajan encerradas en lugares peligrosos. Más que infracciones laborales, estos son crímenes. Pero ¿es realista que el Estado pueda ubicar todos esos casos? Quizá una línea telefónica especial pueda ayudar a que la gente proporcione estos datos a las autoridades.
Hay que usar la información dispersa que tienen los propios ciudadanos. Si usted vive junto a una fábrica clandestina de colchones, tiene que hacer su denuncia, pues. Y tal vez deba existir un récord público de esos reclamos.
El Perú nada en informalidad y en impunidad. Esencialmente, somos un país donde la gente hace lo que le da la gana. No hay manera de que el Estado pueda multiplicarse para detectar y corregir todos los escenarios potencialmente peligrosos.
En consecuencia, hay que concentrarse también en encarecer los costos de causar perjuicios. Entre nosotros, es mucho más barato reparar un daño que prevenirlo, porque la vida de un peruano no vale nada. Pasaron diez años para que la justicia peruana concediera una indemnización de 700 soles por cada fallecido en la tragedia de Mesa Redonda.
Este es un tema de administración de justicia, no de trámites y requisitos engorrosos. Son los propietarios de los negocios los que deberían preocuparse de tener instalaciones seguras si un accidente los expusiera realistamente al borde de la quiebra por tener que indemnizar a las víctimas.
En el caso de galerías comerciales y otros establecimientos de gran aforo, las externalidades negativas de un incendio son cuantiosas. No considero una locura obligar a esos propietarios a tener un seguro, barato y general, que cubra daños a terceros. Eso los expondría a la posibilidad de que una compañía aseguradora les niegue cobertura si no tienen instalaciones adecuadas.
Seguramente hay mejores ideas que puedan contribuir a reducir estas desgracias. Ojalá surjan del análisis y la reflexión. No del impulso emocional que viene (y se va) junto con la sola indignación. Hay que ponerle más ciencia a esta materia.
