El pequeño gran hermano, por Arturo Maldonado

Los llamados ‘vladivideos’ destaparon la magnitud de la corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori y de su asesor Vladimiro Montesinos. Pocos años después, en el 2008, el escándalo de los ‘petroaudios’ hizo tambalear el segundo gobierno de Alan García y sepultó mediáticamente (aunque no judicialmente) a Rómulo León y a Alberto Quimper. Ocho años más tarde, los audios registrados por Miguel Sifuentes de su conversación con Carlos Moreno pusieron al descubierto el escándalo del negociado con el Seguro Integral de Salud, lo que ha provocado un sismo de magnitud considerable al interior del gobierno.

Estos casos (y muchos otros) tienen en común el registro en audio o video de hechos ilícitos. En el caso de los ‘vladivideos’, Montesinos, para captar estas imágenes, escondía cámaras subrepticiamente en la infame salita del SIN. En el caso de los ‘petroaudios’, las grabaciones de conversaciones telefónicas fueron realizadas con aparatos profesionales de interceptación telefónica. Todo lo contrario al último caso, en el que el registro fue mucho más simple. Sifuentes solo necesitó un teléfono celular, como el que tiene cualquier ciudadano.

La tecnología, ya no hay duda, ha cambiado la forma de relacionarnos. En particular, los teléfonos celulares poco a poco han ido comprimiendo más herramientas y ahora incorporan cámaras cada vez más potentes para registrar audio y video. Lo que inicialmente era pensado como un instrumento para registrar nuestra cotidianidad, cada vez más puede ser usado con otros fines.

Lo que era una práctica periodística conocida –la grabación con cámara oculta– ahora está en las manos de cualquiera con acceso a un mínimo de tecnología. Más allá de consideraciones legales de si este tipo de prueba es lícita o no, cualquier ciudadano ahora podría grabar a un funcionario que le pida una coima o a un personaje que le sugiera un negociado ilegal y ponerlo en evidencia.

No todas son buenas noticias. La facilidad con la que se puede realizar registros de audio y video clandestinos también puede servir para fines ilícitos como el chantaje o la extorsión. Muchos denunciados argumentan que los videos y los audios han sido manipulados y sacados de contexto para que den la apariencia de delitos cuando no lo son. Estas defensas muchas veces son manotazos de ahogado de un culpable arrinconado en las cuerdas, pero la posibilidad existe.

Por último, desde los ‘vladivideos’, la opinión pública se ha acostumbrado a requerir el audio o la grabación in fraganti de los hechos para juzgar inequívocamente. Existe el riesgo entonces de que la justicia haga eco de la opinión pública y solo se juzguen los casos en donde videíto manda. La proliferación de aparatos celulares con esta capacidad abona a esta tendencia. Si es tan fácil grabar, entonces por qué no exigir estas pruebas ante todo. Con esto, sin embargo, se corre el riesgo de no tratar adecuadamente casos en los que no existe un video o audio como prueba, pero el resto de evidencia es sólida.

La tecnología está aquí para quedarse y cada vez más podrá colarse en los espacios íntimos del poder. El lado positivo es que nos da la posibilidad de entrar en esos espacios opacos donde se corta el jamón de la corrupción. Este hecho debería desincentivar en cierta medida a políticos corruptos porque corren el riesgo de que cualquier interlocutor sea un infidente. Para sacar esto a la luz pública, basta un celular y una persona que quiera denunciar el asunto. El lado negativo es que la tecnología puede ser un arma de doble filo, y que en lugar de dar la oportunidad de exponer públicamente un delito, se use el registro como mecanismo de extorsión y chantaje. Es decir, que se duplique el mal. La corrupción al cuadrado.