El universo paralelo del MEF, por Miguel Ángel Torres

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado un conjunto de medidas tributarias que buscarían la formalización de las actividades empresariales y la reactivación económica. La situación lo amerita. Una informalidad de 70%, un déficit fiscal que supera el 4% y un gasto ineficiente de la gestión de Ollanta Humala, son indicadores suficientes para ello.

Las intenciones parecen buenas, pero soy escéptico respecto a si estas medidas ayudarán a conseguir los objetivos. 

Las siguientes líneas buscan evidenciar quiénes se beneficiarían y quiénes no. Esto no es ser demagogo, sino buscar transparencia y evitar que luego aparezca un verdadero demagogo que capitalice la sensación de desengaño de la población. 

A primera vista, la medida que busca reducir un 1% del IGV es vendedora. Pero sería importante que se explique que la mayoría de peruanos no serán beneficiados con ella. Esto pues los principales productos de la canasta básica se encuentran exonerados del IGV. Asimismo, es difícil imaginar que las empresas vayan a trasladar la reducción al precio final y es aun más ilusorio que la reducción del 1% genere que las mypes informales decidan formalizarse. 

Otorgar una mayor deducción de gastos (de 7 UIT a 14 UIT) a las personas naturales perceptoras de rentas de cuarta y quinta categoría, es una novedosa propuesta que agrada a todos los trabajadores. Pero, ¿a quién beneficia verdaderamente esta medida? Ni los millones de trabajadores que no superan un ingreso de 7 UIT anuales (aproximadamente S/2.000 mensuales), ni las personas naturales con negocios generadores de rentas de tercera categoría (como los taxistas o bodegueros) obtendrán beneficio alguno. 

Hoy los primeros (trabajadores) ya están exentos del pago y los empresarios de las mypes formales pagan impuestos desde el primer sol de sus rentas. Quizá la idea no sea mala, pero deberíamos considerar que hay casos en los cuales los ingresos por el trabajo de una persona –sin o con reducidas cargas familiares– son de tal magnitud que no requieren de este beneficio o, en todo caso, deberíamos corregir la discriminación que generaría respecto de los emprendedores. No olvidemos nunca que los impuestos buscan la redistribución de la riqueza. 

Aprobar una amnistía para repatriar capitales del extranjero suena atractivo, más aun junto a una frase que vendería la propuesta como la oportunidad para que aquellos que retiraron sus capitales en la época de Velasco lo traigan de vuelta. Llama la atención, sin embargo, que se desconozca que esta repatriación actualmente no se encuentra prohibida por nuestra legislación, ni gravada por impuestos. ¿Qué es lo que se quiere hacer en realidad? ¿Por qué el Estado debería decirle a quienes evadieron impuestos y tienen sus fondos en el extranjero que no se les iniciará un proceso penal y que podrán regularizar su situación con una tasa preferente? 

Se anuncia también una amnistía para descargar una gran cantidad de procesos en los que se discuten supuestas deudas con la Sunat. Si bien finalmente el Estado no tendría derecho al 100% de este monto, y los procesos pueden ser interminables, es evidente que una amnistía podría generar la sensación de que no pagar impuestos es un buen negocio en el Perú.

Creo que la alternativa a estas propuestas es un afinamiento respecto a quiénes estarán dirigidas. Si volvemos a vender a la población la idea de que estamos legislando para todos, cuando en realidad son unos cuantos los beneficiados, no solo se afectará al gobierno de turno, sino al Estado. Legislar para pocos solo incrementa las diferencias sociales y es una puerta abierta para los conflictos sociales.