Últimamente cuando se habla de inversión pública, suelen aparecer números grandes sobre la mesa. Millones ejecutados, porcentajes casi completos de avance, ránkings que aplauden cuánto se gastó. Pero ese brillo, como un espejismo, se disuelve apenas uno cruza un distrito y se topa con una obra no terminada, otras no planificadas, y los mismos problemas repitiéndose por décadas.
En muchas regiones del país, los gobiernos regionales y locales invierten bastante, pero no siempre de manera ordenada, estratégica o efectiva. Y, mientras tanto, las brechas siguen ahí: servicios incompletos, infraestructura que no llega, calidad que no mejora.
Durante mucho tiempo, hemos usado un solo termómetro para medir la inversión pública: cuánto se gasta. Pero el indicador de ejecución presupuestal ya no es suficiente. La pregunta no debería ser cuánto, sino cómo: ¿se está invirtiendo donde más se necesita? ¿Los proyectos están bien pensados? ¿Se terminan a tiempo? ¿Mejoran la vida de las personas?
Además, cuando una región acumula proyectos no planificados, sobrecostos, retrasos y obras paralizadas, el problema no es falta de dinero. Es falta de rumbo. Falta un mapa que ordene las decisiones, que ayude a priorizar y a concentrar esfuerzos donde el impacto es mayor. Ello implica empezar a mirar la calidad de la inversión. Porque los ciudadanos no vivimos de presupuestos ejecutados, sino de servicios que funcionan, obras que se terminan y oportunidades que llegan. Y eso es lo que debería importarnos medir.
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